Querella penal sacude a Varela, Kenia Porcell y exjefe del Consejo de Seguridad
Denuncian presunta trama desde el poder para manipular la justicia, según expediente admitido por la Fiscalía.
Una querella penal admitida por el Ministerio Público puso bajo la lupa al expresidente Juan Carlos Varela, a la exprocuradora Kenia Porcell y al exjefe del Consejo de Seguridad, Rolando López, alias “Picuiro”, por una presunta conspiración desde el poder para torcer la justicia y fabricar procesos penales.
La acción legal fue presentada por el abogado Roiz Alberto Navarro, en representación del empresario Germán Eliecer Chanis, conocido como “Fakir”, quien permanece detenido desde enero de 2018 en el centro penitenciario La Mega Joya. La defensa sostiene que Chanis fue víctima de una persecución política y que su detención respondió a presiones directas del Ejecutivo sobre el Ministerio Público.
🔎 Los “Varela Leaks”, eje de la querella
El corazón de la querella son los llamados “Varela Leaks”, chats filtrados del teléfono celular del exmandatario cuya autenticidad fue reconocida públicamente. Según el escrito, los mensajes evidencian una coordinación directa entre Varela y la entonces procuradora Kenia Porcell para impulsar investigaciones penales.
Frases como “¿Cómo va lo de Fakir?” o “vamos a presionar” son citadas como prueba de una presunta injerencia indebida en la administración de justicia, lo que, según la defensa, vulnera principios básicos del Estado de Derecho.
📂 Operación 507 bajo cuestionamiento
La querella apunta directamente al expediente 10447, conocido como la Operación 507. Aunque varios de los imputados lograron cerrar sus procesos mediante acuerdos de pena, Chanis continúa detenido sin sentencia firme, una diferencia de trato que la defensa califica de arbitraria y discriminatoria.
Este escenario, según el escrito, refuerza la tesis de que existió un uso selectivo del sistema penal con fines políticos.
🚨 Delitos graves bajo investigación
La acción legal solicita investigar posibles delitos de delincuencia organizada, tráfico de influencias, asociación ilícita y delitos contra la administración de justicia. Además, pide que la investigación se extienda a todas las personas que resulten responsables, sin importar rango, cargo o jerarquía.
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