Sacyr avanza en arbitraje contra Panamá por sobrecostos del Canal
La obra del consorcio se inauguró en junio de 2016 sin que desde entonces se haya registrado ninguna incidencia relevante, según la compañía española.
La Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional dictaminó que las actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se pueden atribuir a la República de Panamá, lo que permite a la española Sacyr avanzar en el proceso de arbitraje que inició en 2018 contra este país por los sobrecostes en la ampliación del canal.
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"Esta decisión, favorable a Sacyr, permite que, superado este primer paso, pueda continuar el arbitraje y entrar en la fase en la que las partes tendrán que discutir sobre el fondo de las pretensiones económicas de Sacyr, así como sobre las demás defensas esgrimidas por Panamá", señaló este miércoles la constructora en un comunicado.
El reconocimiento de que las actuaciones de la ACP se pueden atribuir a la República de Panamá permite que sean objeto de revisión al amparo del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de inversiones entre España y Panamá (Appri).
Sacyr denunció en 2018 al Estado panameño ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) por supuestos daños y prejuicios en relación con el contrato de ampliación del canal de Panamá otorgado al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la compañía española.
Este consorcio, integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA, firmó en 2009 el contrato de construcción del tercer juego de esclusas por 3.118 millones de dólares, pero el coste final resultó ser mucho más alto.
Por el canal, construido por Estados Unidos a principios del siglo pasado y traspasado a Panamá el 31 de diciembre de 1999, pasa cerca del 6 % del comercio mundial y se conectan más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países distintos.
Precisamente el consorcio GUPC acaba de recibir de la ACP el Performance Certificate o certificado que acredita el cumplimiento de sus obligaciones, lo que le permite recuperar de forma automática 200 millones de dólares en garantías, que tenía depositados para asegurar la buena calidad de la obra entregada, y otros 50 millones de dólares dentro de seis meses.
La obra del consorcio se inauguró en junio de 2016 sin que desde entonces se haya registrado ninguna incidencia relevante, según la compañía española.