Salario mínimo en Latinoamérica promedia los $400
Entre los países con ingresos mínimos más elevados, Uruguay destaca con un salario que llegará a unos 620 dólares.
Redacción América, 9 ene (EFE).- El salario mínimo en Latinoamérica inició 2026 con un promedio regional cercano a los 400 dólares mensuales, con ajustes heterogéneos, disparidades entre las economías, tensiones fiscales y una persistente pérdida de poder adquisitivo frente al costo de vida y la alta informalidad laboral.
Entre los países con ingresos mínimos más elevados, Uruguay destaca con un salario que llegará a unos 620 dólares tras un aumento total del 7,54 % en dos tramos, con una inflación controlada y negociaciones colectivas que suelen fijar sueldos por encima del mínimo legal.
Chile, con 598 dólares, se mantiene entre los más altos de la región gracias a un ciclo de alzas iniciado en 2022, aunque aún lejos de los estándares de la OCDE.
En Colombia, el incremento del 23,7 %, que llevó el salario mínimo a 535 dólares (incluido el subsidio de transporte), fue el mayor en décadas.
Si bien el Gobierno del presidente Gustavo Petro defiende ese aumento como un avance social, economistas advierten sobre su impacto potencial en inflación, empleo y gasto público en un año electoral.
México aprobó un aumento relevante del salario mínimo diario —hasta 17,58 dólares a nivel general y 24,61 dólares en la frontera norte— que beneficiará a 8,5 millones de trabajadores, pero que también eleva costos para las empresas al recalcular prestaciones, cuotas al seguro social y aportes a la vivienda.
En Brasil, el salario mínimo subió 6,79 % hasta los 295 dólares mensuales, según una fórmula legal que combina inflación y crecimiento con límites al gasto.
El ajuste incide directamente en pensiones y beneficios sociales para cerca de un tercio de la población, pero sigue muy por debajo del costo de la canasta básica, estimada en unos 1.290 dólares.
El caso más crítico es Argentina, donde el salario mínimo, fijado por decreto tras fracasar el diálogo social, ronda los 228 dólares en enero.
Según la CTA, desde el inicio del Gobierno de Javier Milei y hasta noviembre pasado, el salario mínimo acumuló una caída real del 35,2 % en su poder adquisitivo, afectado por una inflación del 117,8 % en 2024 y un 27,9 % adicional en 2025.
En Perú, el salario mínimo permanece sin cambios en 334,5 dólares, mientras Paraguay mantiene un mínimo de 437,42 dólares, del cual el Estado descuenta un 9 %, dejando el ingreso real en unos 392,14 dólares.
República Dominicana avanza con un aumento escalonado del 20 %, que eleva el mínimo en grandes empresas a 475 dólares, mientras que en pequeñas empresas será de 295 dólares y en microempresas de 270 dólares.
Costa Rica registra salarios mínimos cercanos a los 600 dólares, según la ocupación, aunque los sueldos del sector público han estado congelados durante cinco años por la regla fiscal. El Gobierno anunció un aumento para 2026, sin detallar aún su alcance.
En contraste, Guatemala y Honduras combinan alzas moderadas con altos niveles de informalidad, que limitan el impacto real de los incrementos.
Guatemala aprobó un aumento de entre 4 % y 7,5 %, en un país donde cerca del 70 % de la población trabaja en el sector informal.
En Honduras, el salario mínimo oscila entre 460 y 638 dólares, según el tamaño de la empresa.
En Panamá, en diciembre se aprobó un aumento de entre 9,50 y 15 dólares, que regirá desde el 16 de enero, en un país con más de 50 salarios mínimos, según actividad económica y región.
En 2024, el alza fue de entre 4,5 % y 7 %, dejando el salario mínimo en 341,12 dólares.
Los casos más extremos siguen siendo Venezuela y Cuba.
En Venezuela, el salario mínimo permanece congelado desde 2022 en unos 0,40 dólares mensuales, compensado con bonos que no inciden en prestaciones laborales.
En Cuba, el ingreso mínimo equivale a unos 5 dólares, prácticamente sin poder de compra.
Aunque el salario mínimo en Latinoamérica promedia unos 400 dólares, la cifra esconde profundas brechas entre países y sectores. Para 2026, el debate seguirá centrado en cómo mejorar el ingreso real sin afectar el empleo formal ni la sostenibilidad fiscal.
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