Se acabó la compra de carros nuevos para el Estado, ahora se alquilan
La medida quedó formalizada mediante una circular firmada por el contralor Anel Flores y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
¡Alto a los carros oficiales! La Contraloría y el Ministetio de Economía y Finanzas oficializaron la suspensión de la compra de vehículos nuevos para las entidades públicas y ahora la orden es revisar primero qué tiene el Estado y qué realmente necesita.
La medida quedó formalizada mediante una circular firmada por el contralor Anel Flores y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
El documento advierte que comprar un vehículo no solo implica pagar el carro. Después vienen combustible, mantenimiento, repuestos y seguros, gastos que siguen golpeando el presupuesto público durante años.
Primero revisarán la flota
El freno a las compras ocurre en medio de una revisión de la cantidad y condición de los vehículos oficiales.
Flores reveló que el Estado tiene alrededor de 32 mil vehículos, de los cuales unos 5 mil están en condición de chatarra. El contralor cuestionó que se continúen comprando unidades mientras otras permanecen abandonadas o fuera de servicio.
La idea es determinar qué instituciones realmente necesitan vehículos y cuáles deberían compartir unidades o utilizar otras alternativas.
Si hace falta, toca alquilar
La suspensión no significa que las entidades se quedarán sin transporte cuando exista una necesidad operativa urgente.
En esos casos podrán alquilar vehículos, siempre que la contratación no supere el período fiscal vigente. El alquiler deberá incluir mantenimiento y seguros.
Los contratos de alquiler que ya están vigentes no se cancelan y continuarán bajo las condiciones pactadas.
Flores ya había puesto el tema sobre la mesa
Antes de que la suspensión quedara formalizada, Flores había planteado ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que había que ponerle un freno a la compra de vehículos oficiales.
El contralor incluso propuso analizar si para el Estado resulta más conveniente alquilar que comprar, tomando como referencia el modelo utilizado por empresas privadas, donde el mantenimiento y los seguros pueden formar parte del servicio.
Ahora esa propuesta pasó del discurso a una disposición formal: las instituciones públicas no podrán comprar nuevos vehículos, salvo que posteriormente se establezcan las condiciones correspondientes para casos excepcionales.
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