Secuestro de bienes golpea a Publio y Enrique Lau
La Contraloría General y el Tribunal de Cuentas mantienen secuestros y cautelaciones de bienes por más de $18 millones contra exfuncionarios investigados.
El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, y la exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia del Río Fernández, reaccionaron a las medidas cautelares impulsadas por la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas, asegurando que no han sido notificados formalmente de procesos patrimoniales en su contra y denunciando supuestas filtraciones a medios y redes sociales.
A través de un comunicado, ambos señalaron que las actuaciones divulgadas públicamente forman parte de una campaña de persecución mediática y sostuvieron que han estado dispuestos a comparecer ante cualquier autoridad competente.
Contraloría y Tribunal de Cuentas ejecutan cautelaciones millonarias
Las declaraciones surgen en medio de la ofensiva patrimonial emprendida por la Contraloría General y el Tribunal de Cuentas contra exfuncionarios y personas bajo investigación estatal, con medidas cautelares y secuestros de bienes que superan los 18.2 millones de dólares, según se conoció.
Solo contra Publio De Gracia, el Tribunal de Cuentas ordenó la cautelación y puesta fuera de comercio de bienes hasta la cuantía de 16 millones de dólares.
Enrique Lau también enfrenta secuestro de bienes
A esta lista se suma el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, contra quien la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes hasta por 2.9 millones de dólares, tras detectar presuntas irregularidades en compras de medicamentos e insumos médicos.
Publio De Gracia defiende su gestión en la DGI
En su defensa, Publio De Gracia aseguró que el caso por el cual ha sido cuestionado corresponde a un proceso manejado por un equipo de la DGI relacionado con un acuerdo de pago contemplado en una ley aprobada en 2022, cuyo objetivo era fortalecer la recaudación fiscal.
El exfuncionario indicó que desde octubre de 2024 tiene conocimiento de una denuncia presentada en su contra y afirmó que ha atendido todos los requerimientos realizados por las autoridades competentes.
“Mi servicio público siempre fue transparente. Atendí de manera personal a miles de contribuyentes, especialmente en momentos difíciles que vivimos”, expresó.
Asimismo, señaló que actuó conforme a la ley y reconoció que este tipo de procesos afectan su reputación, tranquilidad personal y oportunidades profesionales, aunque reiteró que considera su deber responder ante cualquier duda surgida sobre su gestión.
Nadia del Río cuestiona cobertura mediática
En el comunicado firmado por Nadia del Río Fernández también se cuestiona la cobertura realizada por algunos medios sobre el caso, alegando que la información publicada careció de equilibrio y no se les brindó derecho a réplica.
Además, se asegura que no existe proceso patrimonial ni expediente abierto en el Tribunal de Cuentas y se denuncia que las actuaciones conocidas hasta el momento se han divulgado a través de redes sociales y medios de comunicación, sin notificación formal previa.
El documento añade que la Contraloría General de la República habría remitido medidas cautelares al Registro Público sobre una propiedad adquirida en 2005, situación que —según el comunicado— fue suspendida por defectos registrales conforme al Código Civil panameño.
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