Sinsabores de un acuerdo
El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Juan Gabriel González, dijo que “deja un sinsabor a la inversión extranjera que quiera invertir en nuestro país”, que en el acuerdo no aparezca la firma del representante de Generadora del Istmo S.A. (Genisa), inversionista del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.
“Para que hubiese mayor transparencia y mayor legitimidad del mismo, y es un principio básico de derecho, para que sea vinculante a todas las partes (…) que esta última [Genisa] estuviera presente en la firma del mismo, esto es lo cuestionable”, dijo González en NEXtv.
González opinó que el acuerdo no es una expropiación, aunque puntualizó que “lo que le interesa a la Apede es que la libre empresa se respete, se respete el Estado de derecho, se respete la inversión”, añadiendo que, “no podemos mandar un mensaje equivocado con este acuerdo a la inversión foránea ni local que las reglas del juego se cambien”.
En tanto, el diputado perredista de origen Ngäbe-Buglé, Ausencio Palacio, denunció que nunca se consultó el contenido del acuerdo con el pueblo. El avance del proyecto afecta el patrimonio ambiental y cultural de la comarca, añadió.
“Nunca fuimos llamados para un acuerdo, por tanto debo rechazarlo categóricamente. Pido respeto al Gobierno”, expresó Palacio, alegando que por inconsulto debe ser postergado hasta que se dé una “verdadera consulta con los distintos sectores de la comunidad y las autoridades.
Por su parte, la también diputada indígena Crescencia Prado dijo que el mandatario Juan Carlos Varela tiene “buenas intenciones”, pero un “pésimo equipo negociador” al que ella en su lugar “mandaría a botar inmediatamente”.
Deploró el que Varela se haya comportado de “tú a tú” con los adversarios a la firma del acuerdo de Barro Blanco.
Mientras, la diputada opositora Zulay Rodríguez destacó que el Gobierno actual incumplió una promesa de campaña que era “ñagare [no] Barro Blanco”, “ñagare a las hidroeléctricas”, “ñagare para que nuestras cuencas hidrográficas no sean desabastecidas como lo están en este momento”.
Igualmente, Rodríguez aseguró que un fallo de la Corte Suprema de Justicia señala que la cacica Silvia Carrera “no es autoridad” para negociar a nombre de la comarca, “y ayer la vimos firmando”, refiriéndose al acuerdo entre el Gobierno y las autoridades comarcales, para poner en funcionamiento el proyecto hidroeléctrico.