Nacional
Situación del programa IVN de la Caja del Seguro Social
Asumiendo el PEOR ESCENARIO, se determinó que la Caja necesitaría tomar recursos de las reservas por el orden de 1,100 millones de dólares; y en el mejor de los escenarios, que se requerirían alrededor de 540 millones
El programa de pensiones de la Caja de Seguro Social está dividido en dos subprogramas: uno llamado Sistema Exclusivo de Beneficio Definido, SEBD y otro Mixto de Capitalización. Esta división surge en el año 2005 cuando se cierra el Subprograma Exclusivo de Beneficio Definido a nuevos cotizantes, y el Mixto se crea para los trabajadores más jóvenes.
En el año 2018 de acuerdo a las cifras de los estados financieros no auditados, se utilizaron B/. 48 millones para financiar el déficit de pensiones del programa de Beneficio Definido, también conocido como solidario. En el año 2019 con cifras preliminares, se determina que el déficit del programa fue de otros B/. 249 millones.
En fecha tan temprana como noviembre de 2019, la actual administración que tomó posesión el 1 de octubre identifica distintas alternativas para financiar la viabilidad de un programa que cada día tiene menos cotizantes, y más pensionados. Claramente, es un sistema no sostenible. Este subprograma tendría una capacidad de pagar las pensiones hasta el año 2026.
Realizadas todas las corridas actuariales posibles, se determinó que la opción menos costosa desde el punto de vista social, era fundir nuevamente ambos programas en un esquema solidario. Con esta opción, se lograba una sobrevivencia mayor que permitiría tomar medidas más profundas para hacer sostenible en el largo plazo el programa de pensiones.
Este análisis se complementó con una propuesta de orientar las reservas del programa IVM a inversiones más rentables que la tenencia de depósitos bancarios, y migrar a posiciones de inversión más agresivas y activas que la mera tenencia de depósitos a plazo fijo y títulos de renta fija (bonos). Para lograr estos procesos, se inició una reingeniería de los programas de crédito a jubilados y de hipotecas, dado que la experiencia vista en la Caja demandaba muchas mejoras para hacer rentables estas inversiones.
Los ingresos de la Caja ya venían cayendo con relación al presupuesto. En enero cayeron 6% con respecto al presupuesto de ese mes; en febrero, cayeron 13%; en marzo cayeron 19% y en abril ya con el cierre y paralización de la economía por el Coronavirus, la caída fue de 36%. A finales de febrero, justo por la amenaza del Coronavirus, la administración privilegió una estrategia basada en preservar la liquidez a efecto de hacerle frente a los gastos de los programas de Enfermedad y Maternidad (Salud) e IVM.
Surgida la crisis del Coronavirus, la Administración se hicieron corridas financieras y se establecieron 3 escenarios: uno de la peor opción de que los ingresos fueran solamente el 10% de lo presupuestado; otro medio de que fueran 25% y otro que los ingresos fueran del orden del 50%.
Asumiendo el PEOR ESCENARIO, se determinó que la Caja necesitaría tomar recursos de las reservas por el orden de 1,100 millones de dólares; y en el mejor de los escenarios, que se requerirían alrededor de 540 millones, todo para cubrir las pensiones en su totalidad hasta finales del año 2020.
La Administración de la Caja de Seguro Social llevó esta situación a las esferas del gobierno central y se formularon varias alternativas, entre las cuales se encontraba financiar los déficits con las reservas de la Caja. La Administración se encuentra preparando una propuesta de reformas de leyes que contemplan, (a) la eliminación de restricciones que limitan el acceso a los recursos del Fondo Fiduciario que se creó para contribuir a financiar déficits temporales del programa IVM; (b) la fusión de los programas IVM de Beneficio Definido y Mixto, como existía previo a la reforma del año 2005; (c) la creación de otros ingresos adicionales de rentas del Estado para reforzar los ingresos del IVM, (d) la capacidad de la Caja de poder invertir en proyectos de Asociación Pública Privada, APP, para el desarrollo de valiosos terrenos que forman parte del patrimonio y que la Caja no tiene capacidad financiera ni técnica para explotarlos; (e ) la capacidad de la Caja de poder obtener financiamiento externo para el desarrollo de proyectos de facilidades propias que se pagarían con los ahorros en alquileres que actualmente gasta, (f) ampliar la capacidad de inversiones de la Caja en otros instrumentos financieros, y adicional, mejoras para lograr ahorros en el consumo de energía, entre otros.
La propuesta llevada a la Junta Directiva, procura que en el caso de que los escenarios de estrechez financiera se acentúen, la Caja pueda continuar haciendo frente a sus responsabilidades de pagar puntualmente las pensiones a todos los jubilados y pensionados.
En el año 2018 de acuerdo a las cifras de los estados financieros no auditados, se utilizaron B/. 48 millones para financiar el déficit de pensiones del programa de Beneficio Definido, también conocido como solidario. En el año 2019 con cifras preliminares, se determina que el déficit del programa fue de otros B/. 249 millones.
En fecha tan temprana como noviembre de 2019, la actual administración que tomó posesión el 1 de octubre identifica distintas alternativas para financiar la viabilidad de un programa que cada día tiene menos cotizantes, y más pensionados. Claramente, es un sistema no sostenible. Este subprograma tendría una capacidad de pagar las pensiones hasta el año 2026.
Realizadas todas las corridas actuariales posibles, se determinó que la opción menos costosa desde el punto de vista social, era fundir nuevamente ambos programas en un esquema solidario. Con esta opción, se lograba una sobrevivencia mayor que permitiría tomar medidas más profundas para hacer sostenible en el largo plazo el programa de pensiones.
Este análisis se complementó con una propuesta de orientar las reservas del programa IVM a inversiones más rentables que la tenencia de depósitos bancarios, y migrar a posiciones de inversión más agresivas y activas que la mera tenencia de depósitos a plazo fijo y títulos de renta fija (bonos). Para lograr estos procesos, se inició una reingeniería de los programas de crédito a jubilados y de hipotecas, dado que la experiencia vista en la Caja demandaba muchas mejoras para hacer rentables estas inversiones.
Los ingresos de la Caja ya venían cayendo con relación al presupuesto. En enero cayeron 6% con respecto al presupuesto de ese mes; en febrero, cayeron 13%; en marzo cayeron 19% y en abril ya con el cierre y paralización de la economía por el Coronavirus, la caída fue de 36%. A finales de febrero, justo por la amenaza del Coronavirus, la administración privilegió una estrategia basada en preservar la liquidez a efecto de hacerle frente a los gastos de los programas de Enfermedad y Maternidad (Salud) e IVM.
Surgida la crisis del Coronavirus, la Administración se hicieron corridas financieras y se establecieron 3 escenarios: uno de la peor opción de que los ingresos fueran solamente el 10% de lo presupuestado; otro medio de que fueran 25% y otro que los ingresos fueran del orden del 50%.
Asumiendo el PEOR ESCENARIO, se determinó que la Caja necesitaría tomar recursos de las reservas por el orden de 1,100 millones de dólares; y en el mejor de los escenarios, que se requerirían alrededor de 540 millones, todo para cubrir las pensiones en su totalidad hasta finales del año 2020.
La Administración de la Caja de Seguro Social llevó esta situación a las esferas del gobierno central y se formularon varias alternativas, entre las cuales se encontraba financiar los déficits con las reservas de la Caja. La Administración se encuentra preparando una propuesta de reformas de leyes que contemplan, (a) la eliminación de restricciones que limitan el acceso a los recursos del Fondo Fiduciario que se creó para contribuir a financiar déficits temporales del programa IVM; (b) la fusión de los programas IVM de Beneficio Definido y Mixto, como existía previo a la reforma del año 2005; (c) la creación de otros ingresos adicionales de rentas del Estado para reforzar los ingresos del IVM, (d) la capacidad de la Caja de poder invertir en proyectos de Asociación Pública Privada, APP, para el desarrollo de valiosos terrenos que forman parte del patrimonio y que la Caja no tiene capacidad financiera ni técnica para explotarlos; (e ) la capacidad de la Caja de poder obtener financiamiento externo para el desarrollo de proyectos de facilidades propias que se pagarían con los ahorros en alquileres que actualmente gasta, (f) ampliar la capacidad de inversiones de la Caja en otros instrumentos financieros, y adicional, mejoras para lograr ahorros en el consumo de energía, entre otros.
La propuesta llevada a la Junta Directiva, procura que en el caso de que los escenarios de estrechez financiera se acentúen, la Caja pueda continuar haciendo frente a sus responsabilidades de pagar puntualmente las pensiones a todos los jubilados y pensionados.
La Junta Directiva pospuso la decisión de la propuesta de la Administración y solicitó que ésta procure y presente otras opciones a la posible venta de los bonos, en caso de que se requiera financiamiento para el pago de las pensiones.