Un capitán de escritorio y politizado
El capitán Joel Pérez, calificado a lo interno de la Policía Nacional como un oficial de escritorio, viene hostigando a los presos políticos y al personal de bajo rango, pero evita acercarse a las celdas donde hay reclusos de alto perfil.
Mientras que el resto de los policías hace fuerte labor de calle, Pérez ha sido un favorecido y su experiencia es meramente administrativa dentro de los cuarteles. Su conexión con el subdirector de la Policía Nacional, comisionado Javier Castillo, ha sido clave para permanecer en labores administrativas.
Pérez es el jefe de la seguridad penitenciaria en la Policía Nacional. Una fuente interna pidió preguntar qué hace el capitán con los celulares que les decomisa a los detenidos de alto perfil.
También cuestionaron que Pérez es uno de los pocos capitanes que tiene auto y chofer asignado por la institución.
Además, el capitán copia algunas de las prácticas de la exviceministra Zulema Sucre y no es que manda a pasear su mascota, sino que utiliza a su chofer para realizar toda clase de diligencias.
En tanto, el exministro José Raúl Mulino destacó como un claro caso de violación de derechos humanos la detención de Riccardo Francolini y Jayson Pastor, exdirectivos de la Caja de Ahorros (CA) y reveló, además, que durante su arresto tuvo problemas por la actitud arrogante de Pérez.
Mulino dijo que “flaco favor” le hace a la Policía apadrinar a un capitán que trate de meter presión a los detenidos políticos. A Joel Pérez alguien lo tiene que meter en cintura, porque él o el que lo apadrine no puede estar politizando a la Policía.
Respecto al caso de la CA, Mulino destacó que al exgerente Jayson Pastor la jueza Alina Hubiedo le negó la fianza y aduce en su justificación el artículo 344 del Código Penal, ignorando que los fondos de la CA son de los depositantes no del erario. Lo que investiga la fiscal Tania Sterling es un préstamo mercantil, no dinero sustraído del Tesoro Nacional, que además, se pagó con sus intereses, añadió.
“Pagar un préstamo no es devolver dinero robado”, destacó Mulino. El artículo aducido por la jueza para negar la fianza establece que cuando un servidor público restituya los bienes o dineros producto de actuaciones de peculado, será sancionado con una rebaja de pena de la mitad a una tercera parte, dependiendo en qué fase del proceso decide devolver este patrimonio sustraído al Estado.
Las actuaciones contra Francolini y Pastor motivaron ya que tres directivos de la CA presentaran su renuncia, pero como no se la aceptaron, optaron por no asistir a las reuniones, añadió.