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Urge ratificar convención de la OEA de adultos mayores en Panamá

Con la ratificación de Panamá se completarían las diez necesarias para que se active el mecanismo de monitoreo y evaluación de las políticas públicas en favor de las personas mayores de 60 años.

Panamá- Una docena de organizaciones reclaman al Parlamento panameño su "falta de voluntad política" para ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 60 años, suscrita por Panamá en 2015, y exigen que lo haga de forma "urgente".

Con la ratificación de Panamá se completarían las diez necesarias para que se active el mecanismo de monitoreo y evaluación de las políticas públicas en favor de las personas mayores de 60 años, una vez que este instrumento internacional se convierta en Ley nacional, declaró a EFE la activista panameña Edilia Camargo, exfuncionaria de la Unesco.

"Nueve países la han ratificado, faltaría la décima firma, eso está previsto en la convención, que con 10 ratificaciones ya se pone en pie el mecanismo de monitoreo", afirmó Camargo.

El proyecto de ley 585 que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fue presentado el 17 de marzo de 2021 para su ratificación ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por la entonces canciller Erika Mouynes.

Camargo y varios miembros de asociaciones cívicas tenían previsto reunirse este viernes con el presidente de la AN, Crispiano Adames, para plantear la "urgencia" de ratificar la convención antes de que acabe este periodo de sesiones parlamentarias el próximo lunes, o en sesión extraordinaria, pero la cita fue pospuesta por segunda vez.

La activista dijo a EFE que la entrevista con Adames, a la que, según indicó, asistió también Rubén Farje, Representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá, no fue posible y que un asistente del parlamentario les comunicó que fue reprogramada para el 22 de noviembre próximo.

Las agrupaciones cívicas remitieron antes una carta a Adames, exponiendo las razones por las que Panamá debe ratificar esta convención, lo que, según Camargo, es una "obligación moral" del país.

En caso de que en la Asamblea se tengan reservas sobre la convención "que la pongan por escrito, pero que no bloqueen la ratificación, porque no pueden cambiar nada, ya eso fue adoptado".

Para Camargo, jubilada y Doctora en Filosofía, hay dos posibles razones que explican el atraso de Panamá en ratificar la convención, siendo una de ellas la "falta de voluntad política".

"Esta falta de voluntad política afecta el prestigio del país puesto que tomamos el liderazgo en cierto momento, y siete años después lo ignoramos totalmente, hacemos como que no existiera" ese compromiso, manifestó la exfuncionaria de la Unesco.

La otra razón sería que los diputados "no tienen el conocimiento, ni se han tomado el trabajo de leer el instrumento y hacer un estudio técnico para ver de qué forma chocaría con las leyes de Panamá".

Camargo, que representa a Panamá en el secretariado ejecutivo de la Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe, señaló que tampoco ha habido continuidad en el trabajo diplomático del país para dar seguimiento al tema y ponerlo en el sitio que debe estar.

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"Panamá negoció esta convención, Panamá la redactó, la firmó, y está bloqueada en la Asamblea" Nacional, agregó.

Camargo recordó que Panamá, con cerca de medio millón de personas mayores de 60 años, firmó la convención el 15 de junio de 2015 en la sede de la OEA donde todos los Estados Miembros la suscribieron, con excepción de Estados Unidos y Canadá "que se opusieron desde un principio".

La ratificación de la convención será el marco de referencia para la actualización de toda la legislación de protección a los adultos mayores, una aspiración de la sociedad civil desde hace años, según los activistas.

Este instrumento jurídico reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una ayuda plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades.

La Convención, que constituye un instrumento jurídico internacional que garantiza la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores dentro del Sistema Interamericano, está abierta a la firma de los 34 Estados miembros de la OEA. EFE 

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