Wille Cochez presenta dos denuncias penales contra el contralor
La primera denuncia se refiere a la retención de salarios de más de 40 funcionarios de la Asamblea Nacional vinculados a la bancada independiente VAMOS, hecho denunciado el 21 de abril de 2026.
El abogado y exdiputado Guillermo A. Cochez F. presentó este 4 de mayo dos denuncias penales ante el Procurador General de la Nación contra el contralor general de la República, Anel Flores de la Lastra, y otros funcionarios, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Cochez advirtió que es necesario impedir que faltas graves que constituyen delitos cometidos por el contralor sean objeto de arreglos, presiones o silencios institucionales.
“Se debe garantizar la aplicación de la ley sin privilegios ni excepciones, como corresponde en un Estado que debe proteger la confianza pública y la integridad de sus instituciones”, declaró el exdiputado.
La primera denuncia se refiere a la retención de salarios de más de 40 funcionarios de la Asamblea Nacional vinculados a la bancada independiente VAMOS, hecho denunciado el 21 de abril de 2026.
Según el escrito, la Contraloría justificó inicialmente la medida por investigaciones de marcaje de asistencia, pero luego cambió el estatus de los afectados a “Licencia Sin Sueldo Eventual”.
La denuncia califica esta actuación como abuso de autoridad, al exceder las facultades legales del contralor y afectar el derecho de los funcionarios a percibir su salario.
En la segunda denuncia, Cochez señala que el 9 de abril de 2026, el contralor Flores y el subcontralor Omar Virgilio Castillo Rodríguez irrumpieron en la Fiscalía Anticorrupción mientras se realizaban entrevistas a auditores de la Contraloría.
Según el documento, la presencia de ambos funcionarios provocó la suspensión inmediata de la diligencia, luego de que el contralor ordenara a los auditores retirarse del lugar.
Cochez sostiene que esta conducta podría constituir abuso de autoridad y delito contra los servidores públicos, tipificados en los artículos 355 y 360 del Código Penal.
El abogado exige que el Ministerio Público actúe sin dilaciones, se imputen cargos y se eleve la acusación ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, advirtiendo que estos hechos no pueden “perderse en el archivo o en la conveniencia política”.
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