En un histórico veredicto, una mujer de Denver, Ruby Johnson, de 78 años, recibió una compensación de USD 3.76 millones de dólares luego de que su hogar fuera erróneamente objeto de una redada por parte del equipo SWAT de la policía, en un hecho sin precedentes que violó sus derechos constitucionales. Esta decisión marca un antes y después en cómo se manejan las acciones policiales en Colorado.
CBS News indicó que la redada, ocurrida el 4 de enero de 2022, tuvo lugar en el hogar de Johnson ubicado en el vecindario de Montbello, basándose en datos erróneos proporcionados por la aplicación Find My de Apple.
Los oficiales, creyendo que estaban tras la pista de un camión robado junto con varias armas de fuego y un iPhone, ejecutaron una orden de registro sin contar con la debida causa probable, lo que llevó a Johnson, una jubilada del Servicio Postal de Estados Unidos y abuela, a vivir momentos de angustia vestida solo con una bata de baño ante la presencia intimidante de un equipo SWAT en su jardín.
La aplicación Find My de Apple, que se utilizó para rastrear el teléfono robado, ha sido criticada por su falta de precisión al proporcionar únicamente una ubicación aproximada, lo cual no fue debidamente considerado por el detective Gary Staab al obtener la orden de registro. Associated Press destacó que este hecho expuso las deficiencias en la manera en que se emplean herramientas tecnológicas en operaciones policiales.
“La Constitución de Colorado exige que las órdenes de registro estén basadas en una causa probable sustentada por una declaración jurada escrita”, expresó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Colorado (ACLU), enfatizando la importancia de proteger la privacidad y los derechos de los individuos frente a acciones policiales arbitrarias.
El jurado, al otorgar la compensación, desglosó los daños en USD 1.26 millones en daños compensatorios y USD 2.5 millones en daños punitivos, con Denver siendo la entidad responsable de pagar el monto. Además, se estableció que Staab y el sargento Gregory Buschy, también implicado, podrían tener que contribuir con hasta USD 25,000 si se demuestra que actuaron de mala fe en una demanda separada.
Curiosamente, una revisión interna de los hechos por parte del departamento policial no resultó en ningún tipo de disciplina formal para los oficiales implicados, quienes continúan en sus puestos. Este desenlace abre el debate sobre la rendición de cuentas y las prácticas internas de revisión en las fuerzas policiales.
La demanda, respaldada por la ACLU, fue posible gracias a un cambio legislativo reciente que permite a las personas demandar a oficiales de policía por violaciones de los derechos constitucionales estatales. Antes de esta ley, las víctimas de mala conducta policial tenían que recurrir a tribunales federales, donde el principio de inmunidad cualificada a menudo protege a los funcionarios, incluidos los policías, de ser demandados por acciones realizadas en el curso de sus funciones.
Este caso no solo representa una victoria significativa para Ruby Johnson, sino que también sienta un precedente importante en la lucha por una reforma policial significativa y el respeto a los derechos civiles. El uso adecuado de la tecnología por parte de las autoridades y la necesidad de verificar cuidadosamente la información antes de realizar acciones invasivas han quedado como lecciones críticas a seguir tras este juicio.
