Abuso

Como parte de su estrategia de circo mediático, los "cabezas calientes" del Consejo de Seguridad, aliados a los fiscales anticorrupción politizados, han pretendido montar un show con el literal secuestro, robo, apropiación o como quiera decirse, de un helicóptero vinculado a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

La acción de cautelar la nave carece de total fundamento legal, toda vez que ya se ha demostrado, prueba en mano, que esta fue adquirida con recursos dinerarios lícitos, además de que es un hecho público y notorio que la familia del exmandatario posee los recursos económicos para este tipo de inversión.

Lo que sucede con esta acción del Ministerio Publico es que sienta un precedente nefasto contra el régimen de propiedad privada existente en Panamá, ya que con el secuestro de este bien de manera arbitraria, ni ricos ni pobres tendrán garantía que sus bienes -pocos o muchos- sean respetados por el Estado.

El artículo 47 de la Constitución Nacional es claro: “Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas y naturales”. La actuación del Ministerio Público al confiscar una propiedad privada es arbitraria y propia de países dictatoriales donde no se respetan las garantías fundamentales.

Ya los propietarios de la nave han anunciado acciones civiles y penales contra este abuso de autoridad y extralimitación de funciones en que han incurrido los funcionarios de instrucción, que persisten en su accionar, a pesar de que ha quedado demostrado que el bien cautelado no guarda relación con ningún delito.

¿Hasta dónde el resentimiento de un hombre puede llevar a un país al despeñadero y destrucción de sus instituciones? Medite señor Varela, el poder no es para siempre.