Auditorías chimbas

Redacción

La certificación de la Junta Técnica de Contabilidad, en la que se hace constar que 9 personas contratadas como “auditores” por el Tribunal Electoral, dentro de los procesos de impugnación de proclamación a candidatos del opositor Cambio Democrático (CD), no cuentan con la idoneidad legal requerida, llama a la más profunda reflexión.

Los magistrados electorales, como abogados que son, saben que la auditoría, que es una especialización dentro de la profesión de contador público autorizado y requiere una habilitación especial de tipo profesional, así como la de abogados y médicos. No se pueden ejercer estas profesiones legalmente sin tener la idoneidad requerida por la ley.

Por ello, las pruebas que estos señores aportaron al proceso como producto de su experticia son ilegítimas y espurias, es decir, no tienen valor alguno para acreditar los dichos allí plasmados. Por lo tanto, la sanción procesal es la nulidad absoluta de esos procesos.

No hacerlo es una violación al debido proceso que debe de revestir las actuaciones judiciales y administrativas, y las autoridades que incurran en estas prácticas deben de ser sancionadas.

Por otra parte, Pinilla, Valdés y Araúz se están haciendo cómplices de un delito sancionado por el Código Penal vigente, que es el ejercicio ilegal de una profesión. Los magistrados al aupar la experticia espuria incurren en un delito y no solo eso, sino que también vician el proceso judicial seguido a los diputados del CD.

Lo anterior demuestra que no hay interés en que brille la justicia, sino que se busca es impedir que el partido de oposición aumente su fuerza política dentro de la Asamblea Nacional.

¿Será por el favor de incluir esas auditorías chimbas, que ahora uno de ellos está pidiendo que le extiendan el mandato como magistrado?

Cuidado que el encarguito le puede salir caro.