Caso de Gustavo Pérez a organismos internacionales

El proceso injusto y el ilegal encarcelamiento que enfrenta desde hace un año y siete meses,  el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez, con base en señalamientos de un supuesto “testigo protegido”, será  referido para su conocimiento a los organismos internacionales de justicia.

Así lo informaron ayer sus abogados defensores, Roniel Ortiz, Rosaria Correa y Gustavo Pereira, quienes denunciaron en conferencia de prensa una serie de violaciones a las garantías fundamentales y el debido derecho dentro de los casos seguidos a Pérez.

Roniel Ortiz denunció que existe una especie de “entramado” contra su cliente, el cual es orquestado por el Ejecutivo, Consejo de Seguridad y Ministerio Público, para rechazar cuantos recursos legales se presenten dentro del expediente e inventar otros nuevos sumarios para mantener detenido al también exjefe de la Policía.

El abogado aseguró que el proceso instaurado contra el exdirector del CSN “viola flagrantemente” las garantías constitucionales y la presunción de inocencia, así como existe un cúmulo de anomalías en el proceso de investigación y las diligencias judiciales practicadas.

Ortiz aclaró que en los casos específicos de posesión de armas y los pinchazos telefónicos contra Pérez, existe un supuesto “testigo protegido” y con base en sus testimonios y señalamientos-sin pruebas sustentadoras- se realizaron allanamientos, diligencias y audiencias en su contra.

“Los procesos contra Pérez se inician con pruebas ilegales producto de una componenda del presidente Juan Carlos Varela, la procuradora Kenia Porcell, el director del Consejo de Seguridad, Rolando López; el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar y fiscal adjunto Ricardo Muñoz”, advirtió Ortiz.

La abogada Rosaria Correa reiteró que al analizar el expediente se detectan múltiples violaciones a las garantías constitucionales, anomalías e irregularidades del debido proceso, así como infracciones graves a principios  y convenios internacionales suscritos por Panamá.

Según Correa, con el actuar de las autoridades judiciales se violenta la presunción de la inocencia y el derecho a la  defensa de Pérez, además, que no existen pruebas suficientes que justifiquen su detención y se utilizan argumentos ilegales para rechazar los recursos.

“En el caso de las armas se interpuso un incidente de nulidad y el juez consideró que no se trata de un testigo sino de un denunciante”. “En el sumario por pinchazos se negaron pruebas en etapa plenaria, basándose en teorías vagas y principios de economía procesal”, aclaró Correa.

Correa manifestó que en virtud de las actuaciones ilegales e irregularidades cometidas en detrimento de Gustavo Pérez, no descartan acudir ante los organismos internacionales donde el Estado panameño es signatario para presentar las correspondientes denuncias y demandas.

El abogado Gustavo Pereira indicó que Pérez mantiene una detención preventiva en El Renacer desde abril de 2015,  por las interceptaciones telefónicas, pero recibió una condena de 5 años y 4 meses de prisión por posesión de armas, que se encuentra en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. 

Su madre Gerta de la Ossa de Pérez pidió la inmediata liberación de su hijo, al asegurar que enfrenta una injusticia. “Exijo que se le respeten sus derechos y el debido proceso, y tengo la esperanza que quede en libertad de un momento a otro”, añadió.

Los abogados revelaron que Pérez se encuentra en estado de depresión y afectado psicológicamente por la injusta detención, por lo que en adelante se organiza una “gran cruzada” conformada por familiares y amigos para exigir la revocatoria de su arresto.

Mientras se realizaba la conferencia, Pérez, quien aparece como el único detenido político en el caso de los pinchazos, fue trasladado ayer bajo custodia policial para una evaluación médica al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), en Calidonia.