Conducta ética

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) adelanta una investigación contra con el actual director de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y conspicuo dirigente panameñista Jorge Barakat, por un “regalo” que le habría hecho una empresa vinculada al sector marítimo del país.

A pesar de que la propia empresa “revocó” en una nota posterior el regalo otorgado a Barakat, consistente en unos boletos para un juego de la liga profesional de baloncesto de Estados Unidos (NBA) por un valor de $1,258.25, no es sino hasta que la Antai abre la investigación que se conocen los detalles del hecho.

La opacidad con que se manejan las cosas en algunas instancias de la actual administración da pie a que los empresarios se atrevan a darles obsequios a los funcionarios ¿a cambio de qué?, preguntaríamos.

El Decreto Ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 2004, que dicta el “Código de Ética Uniforme de los Servidores Públicos”, debiera ser la norma rectora de quienes ocupan cargos pagados por nuestros impuestos, pero no es así.

Los principios de probidad, prudencia, justicia, templanza, transparencia, respeto, entre otros, recogidos en ese documento son en la práctica letra muerta.

El director de la AMP no recibió “regalo” porque simple y sencillamente la empresa reculó en su intención inicial de favorecer al funcionario con una canonjía.

El artículo 35 del citado Código es claro al señalar que el servidor público no debe, directamente o indirectamente, ni para sí ni para un tercero, dinero, dádivas, regalos, favores, promesas u otras ventajas.

El quid del asunto no es si se recibió el “regalo”, sino que debió haber denunciado a la empresa de marras desde el primer momento y no esperar que ella se echara para atrás en su dádiva para decir que no la había recibido.

Si existe una cultura de regalos a los funcionarios, la misma debe ser combatida con energía, de lo contrario, es caldo de cultivo para entronizar el tráfico de influencias y la corrupción, le toca al funcionario cuestionado demostrar que antes de que la empresa revocara su dádiva, él ya la había rechazado, de lo contrario, quedará expuesto moral y éticamente para escarnio público.