De acoso y otras hierbas

La Administradora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) interpuso una denuncia ante la fiscalía auxiliar, por un supuesto “acoso” en el que se vincula a un comunicador social que, según la funcionaria, le tomó fotos e hizo anotaciones cuando esta se encontraba en un sitio público.

A raíz del escándalo que motivó la renuncia de la viceministra de Desarrollo Social (Mides), relacionado con el uso de escoltas y bienes públicos para fines particulares, pareciera que otros funcionarios están sufriendo un ataque de “pánico político”, ante la eventualidad de verse incursos en una situación parecida a la de Zulema Sucre.

No puede ni debe considerarse acoso el legítimo deseo de la opinión de conocer sobre lo que hacen los altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones, cuyo salario es sufragado por todos los panameños que pagamos impuestos.

Ya la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 2014 se pronunció sobre la tolerancia que debe tener el ciudadano que acepta un cargo público ante la crítica y el escrutinio del público, sin que ello tenga porque considerarse acoso.

En abono a esta tesis, está el artículo 577 del Código de la Familia, el cual señala que “Toda persona tiene derecho exclusivo sobre su propia imagen, a que no podrá ser reproducida públicamente en forma alguna, sin el consentimiento de su titular, aun cuando fuera captada en lugar público…”

Continúa la norma en comento señalando: “Se exceptúa de lo anterior las imágenes que se difundan con fines noticiosos, de interés público o cultural con base en el respeto a la dignidad humana”.

La norma es clara: salva la vida privada, pero afirma que la difusión de imágenes con “fines noticiosos” es permitido, más aún si se trata de un alto cargo oficial.

Que no se convierta ahora en costumbre de nuestros funcionarios, decir que es “acoso” cualquier averiguación ciudadana sobre sus inconconductas.