El mundo nos mira

Durante las elecciones de mayo 1989, previo a la invasión norteamericana del 20 de diciembre, la oposición democrática acuñó la consigna “el mundo nos mira”, que hicieron suya miles de panameños, quienes con el apoyo de la comunidad internacional acudieron a las urnas a sacudirse con los votos a la dictadura militar.

Si en aquella ocasión los militares soberbios no propiciaron un baño de sangre a la población totalmente opositora, era precisamente porque sabían que los países democráticos de la región los observaban.

Ahora, 27 años después, “el mundo nos mira”, sobre todo, por la actitud asumida por el gobierno de Juan Carlos Varela, de perseguir opositores, medios de comunicación y periodistas críticos, entronizando un régimen autoritario,  dentro de la estructura democrática del país.

Panamá está en el radar de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y no precisamente por cosas positivas.

Ante estos entes supranacionales se han denunciado violaciones a convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y libertad de prensa y expresión que viene cometiendo el gobierno de Varela.

Eso es malo para el país. Si los grandes capitales ven a un gobierno que no respeta derechos humanos, no vendrán a invertir aquí, porque peligra la seguridad jurídica en manos de un régimen represivo, como ya ha quedado demostrado con la persecución a los opositores y a toda voz crítica.

Que se olvide el presidente de inversiones extranjeras, mientras prevalezca este clima enrarecido, que propicia la actual procuradora Kenia Porcell y el jefe militar del Consejo de Seguridad, Rolando López.

Bien hizo el analista político José Blandón padre, en poner en su lugar al jefe de espionaje varelista, advirtiéndole públicamente que no se meta con periodistas, en especial con el mediático Álvaro Alvarado.

Señor presidente, el mundo nos mira y cualquier arremetida de sus jenízaros contra las instituciones democráticas, no quedará sin respuesta por parte de países democráticos y organismos de derechos humanos.