Expertos analizaron la injerencia criminal y la gobernanza extractiva
Gilberto Blanco, especialista ambiental (C) durante su presentación.
Por: Maricarmen Camargo mcamargo@epasa.com -
Con la participación de expertos internacionales, organismos multilaterales y autoridades panameñas, se desarrolló el primer congreso internacional sobre Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva, que tuvo lugar en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
En la jornada se abordaron temas como la “justicia ambiental, crimen y compliance en escenarios de alta complejidad”; “financiamiento ilícito y rol de los sujetos obligados en la gobernanza extractiva” e “injerencia criminal y captura del Estado”.
De acuerdo con Elías Castillo, secretario del Parlamento Latinoamericano y Caribe, es necesario articular estrategias conjuntas entre el sector público y privado y la sociedad civil, ante la creciente capacidad de los grupos criminales de suplantar o infiltrarse en funciones del Estado, especialmente en territorios ricos en recursos naturales.
Por su parte, Darío Herrera, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dijo que es vital crear modelos de gobernanza más estrictos, que tengan como objetivo prevenir riesgos.
En tanto, Gilberto Blanco, cofundador del consejo directivo del Instituto Colombiano de Abogados Administrativos y especialista ambientalista, señaló que la minería ilegal no es solamente un fenómeno internacional, sino que adicionalmente se está potencializando en los países de América Latina que comparten fronteras.
Blanco explicó que la persecución de los delitos ambientales se dificulta cuando las distintas autoridades trabajan de forma aislada; por lo tanto, la unidad entre el Estado, el sector privado y comunidades es fundamental para acabar con el delito.
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El especialista señaló que factores como el fortalecimiento de marcos normativos y la articulación con el Estado ayudan a mejorar la capacidad de respuesta ante este fenómeno, que afecta la gobernanza y el medio ambiente.
Por lo tanto, destacó que la minería bien ejecutada agrega valor al territorio, beneficios económicos y sociales para las comunidades. En este contexto, puso como ejemplo a Cobre Panamá.
"La ciudadanía no está en contra de que la actividad minera se realice, sino de cómo se ve esa operación reflejada en bienes y servicios para ellos y sus comunidades", dijo.
