Espionaje policial

La delincuencia organizada tiene sus tentáculos firmemente adheridos a diversas instancias oficiales, un ejemplo de ello son las recientes detenciones de funcionarios de la Asamblea de Diputados en casos relacionados con drogas y los nombres de varios “padres de la Patria” que han sido mencionados en los mismos.

En su momento, el entonces ministro de Seguridad José Raúl Mulino dijo que el crimen organizado estaba penetrando la política; con el tiempo ha resultado cierta la afirmación del exfuncionario.

Es lógico que Mulino estuviera al tanto de la situación, siendo en su momento el funcionario de más alta jerarquía, en cuanto a asuntos de seguridad pública se refiere.

También es lógico que las actuales cabezas de los estamentos de seguridad sepan de esta penetración criminal, por ello, resulta censurable que a estas alturas hayan reaccionado, creando, mediante decreto, un organismo de espionaje a lo interno de los estamentos de seguridad.

Ojalá que tal engendro jurídico no resulte en darle “el queso al ratón” o “la llave de la celda al ladrón” porque la historia ha demostrado que esos organismos que actúan en el clandestinaje se prestan para persecuciones, falsas acusaciones y actos de corrupción.

Lo más correcto hubiera sido retomar propuestas que, en su momento, trajeron asesores policiales de Estados Unidos, en los tiempos de la reorganización de la fuerza pública en los años 90, de crear un Departamento de Asuntos Internos, con unidades especializadas con capacidad de investigar -con todas las garantías constitucionales- a las malas unidades de la seguridad pública.

El solo hecho de que en el decreto que crea el GIA se hable de que el mismo se le tiene prohibido hacer espionaje a los partidos políticos da una idea del alcance de sus funciones.

Sería bueno que se explicara a la ciudadanía las prerrogativas que tendrá este organismo para evitar malentendidos.