Intereses políticos y maniobras de distracción buscan posponer el SPA

El cambio del Sistema Procesal Penal panameño se veía venir desde inicios de la década de los noventa, con la llamada "Corte de Lujo", cuando introducen cambios en el Código Judicial y establecen las llamadas audiencias preliminares, donde los fiscales deben sustentar oralmente sus vistas fiscales.

Luego de eso vino un movimiento de "contrarreforma", regulándose la calificación de los sumarios en los actos de audiencia preliminar, estableciéndose que si se pedía ampliación del sumario no había necesidad de sustentarlo en audiencia, se crea el llamado "agotamiento" de la ampliación y se niega la apelación si se dicta un encausamiento criminal.

El Código Penal de 1982 y el Libro Tercero del Código Judicial de 1986 son modificados en el gobierno de Martín Torrijos, luego de la crisis desatada por las imprudentes declaraciones públicas - jamás sustentadas a pesar de los múltiples pedidos - de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ahí nace el denominado "Pacto de Estado por la Justicia".

A pesar de que dicho pacto era de Estado y por la Justicia, a raíz precisamente de las inapropiadas aseveraciones que públicamente hizo un alto entogado del palacio Gil Ponce, es que la coordinación queda en la Procuraduría de la Administración y no en la misma Corte Suprema de Justicia.

Pero resultó ser una paradoja, que mientras estaba por entrar en vigencia el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal, se realiza una reunión interdisciplinaria, entre el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Corte Suprema de Justicia con el Órgano Judicial del ramo penal, la Procuraduría General de la Nación con los fiscales y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Técnica Judicial, la Policía Nacional, la Dirección General de Migración, y se establecen nuevas pautas en el Libro III del Código Judicial: los informes de la Policía Nacional no tenían que ser ratificados de manera obligatoria, se aumentó el plazo para que la Policía Nacional pusiera a los aprehendidos a disposición de los fiscales, entre otras. Todo con la excusa de ser más eficientes para el combate a la criminalidad.

Se aproximaba el 2 de septiembre de 2009, cuando debía entrar en vigencia el Código Procesal Penal del 2008 en Coclé y Veraguas, así como en la Corte Suprema de Justicia, y el 1 de septiembre de 2009, con el aval de la procuradora general de la Nación, la Asamblea Nacional expidió una ley que pospuso la entrada en vigencia para el 2 de septiembre de 2011. La excusa del Ministerio Público: no contaban con los recursos y no estaban preparados. Sin embargo, el Órgano Judicial sí estaba preparado, tenían los locales alquilados, el equipo instalado y los magistrados y jueces designados (por la Sala Cuarta de Negocios Generales).

El 2 de septiembre de 2011 entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal del 2008 en Coclé, Veraguas y la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (Aníbal Salas y Alberto Cigarruista) presiden la inauguración, invitando a presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica. En el presupuesto del Ministerio Público para el 2011, solicitado y aprobado en el 2010, no existían los recursos necesarios para la infraestructura, los equipos, el mobiliario y el nombramiento de los fiscales. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses adolecía de lo mismo. El Órgano Judicial aprovechó la posposición para prepararse mejor de lo que estaban listos en el 2009. Sin embargo, el Ministerio Público pudo ponerse al día y no hubo necesidad de una nueva posposición.

El 2 de septiembre de 2012 era la fecha del Sistema Penal Acusatorio en Herrera y Los Santos. A pesar de que en el rubro del presupuesto de inversiones del Ministerio Público no se asignó ningún recurso al SPA y había rumores que se iba a decretar una nueva posposición, en esta ocasión propiciada por la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (Alejandro Moncada y Harry Díaz), lo cierto es que el Código Procesal Penal del 2008 entró en vigencia en Azuero y fue inaugurado por el mismo Presidente de la República (Ricardo Martinelli). El Ministerio Público contó con mejores instalaciones que el Órgano Judicial, a pesar de las restricciones presupuestarias. Los nombramientos fueron realizados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Por una nota que el director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses le envía a la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (Alejandro Moncada y Harry Díaz), en respuesta a una solicitud de información, es que se logra la segunda posposición del SPA, que debía darse en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, el 2 de septiembre de 2013. Antes que la Asamblea Nacional expidiese la Ley que dispuso la posposición por 2 años, se realizó una reunión entre la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia y miembros de la sociedad civil, donde se les adelantó lo que iba a ocurrir.

En octubre de 2014, la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (José E. Ayú Prado Canals y Luis Ramón Fábrega Sánchez), firma un Convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), para la consolidación de la reforma procesal penal en Panamá. Igualmente, se refuerzan los programas de cooperación, principalmente con los Estados Unidos de América y la República de Chile, y se renuevan con Canadá, Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina, República Dominicana, España, Francia, Alemania, Italia, la República de China (Taiwán), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

El 2 de septiembre de 2015 entra en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. Los funcionarios interesados en formar parte del SPA, comunicaron sus aspiraciones y se les asignaba en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, a modo de pasantías, para prepararlos de modo teórico y práctico. Se hicieron campañas de educación y sensibilización en el 2014 y 2015, incluso en ngäbe y buglé, por radio y material impreso. Los nombramientos fueron hechos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego de una convocatoria, revisión de hojas de vida y entrevistas que hicieron los mismos magistrados. La novedad fue que en agosto de 2015, todo el personal estaba nombrado y listo para ejercer el 2 de septiembre de 2015.

A escasos días para el 2 de septiembre de 2016, se ciernen nubarrones sobre la entrada en vigencia del SPA en La Chorrera, Colón, San Miguelito, Panamá y Darién, así como en las comarcas Guna y Emberá Wounnan.

El Órgano Judicial solicitó $48 millones para el SPA a nivel integral y nacional, en la solicitud de presupuesto para este 2016. Se le concedieron $27 millones e inmediatamente se solicitaron 20 millones de dólares en crédito adicional y solo se han otorgado $9.5 millones en un traslado de partida. Faltan $10.5 millones. Sin embargo, los magistrados, jueces, defensores y directores de oficinas judiciales ya están nombrados y juramentados. Fueron seleccionados por el pleno de la Corte , en un proceso similar al que se realizó en el 2012 y en el 2015. La infraestructura se encuentra en un 90% lista. El equipamiento y el mobiliario lo está instalando la ONUDC, en función del Convenio firmado en octubre de 2014. Las últimas capacitaciones las están haciendo la ONUDC y agencias federales de los Estados Unidos.

El Ministerio Público aún no ha indicado quiénes serán los operadores del SPA y dónde estarán sus oficinas.

La falta de recursos resulta extraña, pues el presidente de la República, al hacer uso de la palabra en un evento organizado por la Procuraduría General de la Nación, donde se invitaron a fiscales generales de América Latina, posteriormente, en un discurso en la Asamblea General de Interpol que se celebró en Panamá con invitados de todo el mundo, y en el mensaje a la Nación en la instalación de la legislatura de julio 2016 en la Asamblea Nacional, prometió que el Órgano Ejecutivo daría todos los recursos necesarios para la implementación del Sistema Penal Acusatorio el 2 de septiembre de 2016.

En este mes de agosto se han escuchado rumores, de todo un plan para lograr la posposición de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, pero esa planeación se ha visto desarmada, ante todo lo adelantado por el Órgano Judicial. Y aunque no parezca que tiene mucho que ver, los que están actuando desde las sombras, dentro y fuera de la administración de justicia, ahora quieren utilizar las renuncias de Stiglitz y Pieth, de la comisión nombrada por el Órgano Ejecutivo, para lograr el fin de posponer la entrada en vigencia del SPA.

Los ataques hacia los nombramientos que ha realizado el Órgano Judicial, los señalamientos que el recurso debió dirigirse mejor a la implementación de la carrera judicial que a culminar el SPA en todo el país, que los acuerdos que se han logrado con diferentes viajes al extranjero para la cooperación judicial, serán utilizados para saturar los medios de comunicación y evitar así que se hagan noticias y comentarios sobre las consecuencias que habrá con la renuncia del premio nobel, Stiglitz, y del experto suizo Pieth. Pero no todos caen en la jugada.

Ya 4 diplomáticos expresaron claramente el desatino que sería posponer la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio. Así lo dijeron el embajador de los Estados Unidos, la embajadora del Canadá, el embajador de Chile y el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Los resultados que se han reportado de la aplicación del Sistema Penal Acusatorio en Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, no le da tela para cortar a quienes pretenden no implementar el SPA.

Aún no se ponen de acuerdo, quién será el kamikaze que solicitará a la Asamblea Nacional que se posponga la entrada del Sistema Penal Acusatorio, a escasas 3 semanas para el 2 de septiembre de 2016. Los rumores indican que eso se está conversando y ello debe estar acordado esta misma semana. Para ello se cuenta con alguno de los que componen el Pacto de Estado por la Justicia o algún grupo improvisado.

Mirando un poco al pasado, lo que ocurrió el 1 de septiembre de 2011 y quien fue la protagonista de la posposición, la postergación del 2013 y quiénes estaban enterados de eso mucho antes de ser aprobada, y lo que está ocurriendo en este mes de agosto de 2016, añadiendo la imperiosa necesidad que no se le da mucho espacio noticioso a las renuncias de Stiglitz y Pieth y al doble discurso presidencial acerca de la dotación de los recursos imprescindibles, deja abierto el espacio a esas maniobras contra el SPA. El 2 de septiembre de 2016 será la fecha clave.