Invasión

Lo que estamos viviendo en el país con los casos de un bufete de abogados y un emporio comercial involucrados en supuestos asuntos ilegales son las consecuencias de no haber producido cambios en las leyes, tras la derrota de la dictadura militar, reemplazada por civiles.

El analista político José I. Blandón, padre, reveló que en 1984, el expresidente Nicolás Ardito Barletta intentó ajustar las leyes bancarias para blindar al país de lo que hoy nos está afectando.

Barletta, quien en las elecciones de ese año, fue el candidato de Estados Unidos, fue derrocado por los militares por su intento de nombrar una comisión que investigara el asesinato de Hugo Spadafora; las declaraciones de Blandón amplían las causas de esa expulsión.

Pero la verdad es que las labores de las agencias de inteligencia son complejas y, en nuestro caso, las acciones de la Unión Europea y Estados Unidos nos obligan a ajustar nuestras normas al mundo globalizado.

Sobre el tema, los analistas coinciden en que Estados Unidos persigue la evasión fiscal, el lavado de dinero y el tráfico de drogas, en tanto la Unión Europea lo hace con el terrorismo.

La coalición formada por Europa y EE.UU. pareciera sospechar que Panamá sirve de asiento para los narcotraficantes y los terroristas, que utilizaban el país para el blanqueo de capitales y la intermediación para el trasiego de armas.

En la década de los 80, la inteligencia europea detectó que algunos estafadores, buscados por estamentos de justicia, operaban en nuestro país con oficinas y abogados a su disposición que, cuando fueron ubicados, simplemente desaparecían.

Se puede decir que los pecados de Noriega se institucionalizaron después de la invasión, ya que la Constitución y las leyes protegen las actividades ilícitas que hoy nos afectan y que no tienen ninguna afinidad con nuestra economía.

Estas actividades representan un mínimo porcentaje del producto interno bruto (PIB), sus operaciones están fuera del país, pero sus beneficiarios controlan la vida política de la nación.