Justicia terrorista y politizada
Muy acertadas fueron las palabras de un jurista del patio, quien puso el dedo en la llaga al comentar que en Panamá existe una “terrible politización del Ministerio Público”, lo que es en sí un peligro para el sistema democrático y las libertades públicas en su conjunto.
Un ejemplo de ello son las presiones públicas –y no dudamos que privadas– ejercidas por el actual procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro, para obligar “de Fidanque a Toledano”, como decimos en buen panameño, que la Caja de Ahorros (CA) se constituya en parte querellante del mamotreto jurídico que le han armado al periodista Fernando Correa y a Riccardo Francolini, ambos de NEXtv, y otros exdirectivos del llamado Banco de la Familia Panameña.
Obligar a la CA a entrar al proceso fabricado contra víctimas del terrorismo político-judicial es un claro acto de presión política, que busca darle sustancia a un expediente anémico, carente de elementos fácticos y jurídicos, que ha sido armado en aras de perseguir y amedrentar a los opositores.
Bien han apuntado analistas económicos y jurídicos que estos sobresaltos y manías persecutorias han puesto a Panamá en el radar internacional -pero por lo negativo- y va a tener consecuencias económicas importantes, tales como la disminución de la inversión extranjera en Panamá, lo que se suma a graves problemas internos que ya atravesamos, como el alto costo de la vida y la inseguridad.
La accidentada entrevista concedida por Varela a la televisora alemana DW, las advertencias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el hostigamiento a periodistas y medios y las denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son buena prueba de lo que señalamos.
La cúpula varelista tiene que entender que los panameños queremos soluciones, no dictadura, y que cumpla con sus promesas de campañas al tiempo que deje de perseguir a opositores y críticos.