Nuevos magistrados

Los recientes señalamientos del presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionicio Rodríguez, en los que manifestó la inconveniencia que -desde el punto de vista jurídico y procesal- implica nombrar como magistrados de la Corte Suprema de Justicia a funcionarios del Ministerio Público, apunta a despejar el camino hacia la transparencia en estas designaciones.

Coincidimos en que ningún funcionario del Ministerio Público, llámese fiscales o procuradora, podrá ser un buen magistrado de nuestro más alto tribunal de justicia, no digamos que por ignorancia supina e inexcusable de la ley, sino por la manera en que sus cargos actuales han instruido sumarios, lo que en práctica ha significado el prestarse para la persecución política.

Igualmente, salta a la vista la dependencia de estos funcionarios para con el Órgano Ejecutivo, de los cuales se han convertido en fieles y diligentes vasallos, y brazos ejecutores en la agenda de persecución política contra dirigentes opositores.

La sociedad panameña necesita una Corte Suprema de Justicia recta y transparente, que administre justicia diligentemente y respete las garantías procesales, legales y constitucionales.

Los panameños no queremos unos magistrados que le cuiden la espalda al actual mandatario cuando deje el cargo y sea sujeto pasivo de denuncias penales que seguramente se presentarán en su contra por acciones u omisiones de su administración.

El país pide que los nuevos magistrados recuperen la credibilidad y legitimidad del Órgano Judicial, como ente administrador de justicia, y que no sea más de lo mismo, en que estos nombramientos se hacen para satisfacer requerimientos de politiquerías y de intereses mezquinos.