Nulidad e ignorancia

La jurisprudencia nacional es el mecanismo para lograr una correcta observancia de la ley y sirve de guía a los jueces a la hora de tomar decisiones sobre los casos sometidos a su análisis. En ese sentido, su estudio es una necesidad obligante de todos los operadores jurídicos, sobre todo, del Ministerio Público.

Es por ello que nuestro máximo tribunal de justicia ha dicho que en delitos contra la administración pública -en la modalidad de peculado-, es menester que la Contraloría General de la República realice las auditorías correspondientes por intermedio de su personal idóneo, en este caso, los auditores.

Eso ha quedo así establecido, por lo que los funcionarios inferiores, tanto de orden administrativo como judicial, deben observar ese precepto legal.

Por lo que constituye un absurdo jurídico que la procuradora Kenia Porcell insista en llevar adelante una supuesta investigación contra la anterior junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), sin contar con una auditoría previa de funcionarios idóneos para realizar esta experticia y que sean de la Contraloría.

Si auditores idóneos de la Contraloría no han hecho el examen contable, no se da entonces la condición de procedencia necesaria para formular cargos, hacer lo contrario no es más que un abuso de autoridad.

Al encarcelar a Riccardo Francolini y luego pedir una auditoría a la Contraloría, Kenia Porcell crea un procedimiento no previsto en la ley, por lo que viola la legalidad penal, además de que pudiera estar incurriendo en un presunto delito de abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

Ante esta torpeza procedimental que raya en la supina ignorancia e incluso en lo delictivo, lo más probable es que la Corte Suprema, frente a un recurso lógicamente formulado, decrete la nulidad de todo lo actuado por la fiscal Tania Sterling, subalterna de Porcell, y sus adláteres.

Otro abuso que sumar al rosario de iniquidades de un Ministerio Público politizado y terrorista.