Ojo con criminalizar la protesta

Las recientes protestas en Barú, donde un grupo de extrabajadores cerraron la Interamericana para pedir la reactivación económica de la zona, deben ser analizadas con lupa y no criminalizar a priori las aspiraciones de estos moradores depauperados, empobrecidos y engañados por los políticos.

La Constitución vigente consagra el derecho de los particulares a reunirse en forma pacífica y sin armas para fines civiles, solo deben dar aviso a la autoridad con 24 horas de anticipación, empero, cuando estas reuniones afectan derechos de terceros, la autoridad pública tiene la facultad legal de intervenir y hacer cesar la afectación.

Lo que no se puede hacer es criminalizar la protesta social, meter preso a líderes y dirigentes sindicales o de trabajadores, ese es un criterio ya superado y propio de una mentalidad harto clasista que no tiene cabida en el siglo XXI.

Cerrar calles, en nombre de un movimiento, no debe ser visto como una acción al margen de la ley o criminal, en todo caso, si puede constituir, mal usada, una violación a los derechos de tránsito de tercero, que puede ser castigada con multas.

Panamá pasa por momentos difíciles, nuestro nombre está en boca del mundo, acusado de ser una moderna isla Tortuga donde los piratas políticos del mundo esconden sus fortunas mal habidas.

No le echemos más leña al fuego del desprestigio haciendo ver al mundo que también tenemos un Gobierno intolerante que castiga con cárcel a las manifestaciones sociales.

El Gobierno debe llamarle la atención a la Policía Nacional, ya que en la protesta se detuvo a un diputado de la República, no por la persona del sujeto, sino por la investidura funcional que tenía en ese momento.

Si se apresa a un diputado, no queremos pensar en lo que le harán al pueblo llano y sencillo que sale a manifestarse. Pelen el ojo.