Prisión aislada
Carlos Christian Sánchez ColumnistaA ntaño, mantener aislados a los detenidos de alto perfil era la normativa para dar ejemplo a la sociedad de que quienes cometen crímenes serán castigados con severidad, llevándolos al olvido de tierras lejanas. Leyendas como el Conde de Montecristo, la reclusión de Napoleón en las islas de Elba y Santa Elena, así como Papillon fueron ejemplos de ello.
Tras la guerra contra Al-Qaeda, la base naval de Guantánamo se convirtió en otro ejemplo de la colocación de prisioneros o sospechosos de terrorismo en centros de detención apartados. Por supuesto, salieron a relucir las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos contra los reos. El repudio internacional obligaría al presidente norteamericano, Barack Obama, y al Congreso en Washington trasladar muchos detenidos a sus países de origen, incluso ser liberados.
La mentalidad castrense represiva de algunas autoridades en América Latina también hizo emular la construcción e instalación de prisiones en islas apartadas. Panamá no escaparía a esa realidad. Muy famosa fue la cárcel en la isla de Coiba, una de las más grandes del hemisferio occidental y que se volvió en un punto de torturas contra líderes opositores, dirigentes sindicales o adversarios al régimen dictatorial entre 1968 hasta 1989.
Cuando se declaró a la isla de Coiba como patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2005, la prisión clausuraba sus puertas y los detenidos trasladados a tierra firme. Empero, la ola de violencia desmedida en los últimos tiempos, ante la incapacidad operativa de los estamentos de seguridad, dejaría al descubierto las fallas evidentes en la resocialización de los reos. Por ello, algunos comisionados y autodenominados "expertos" insistirían en mantener la idea de aislar detenidos, como forma de represión a la criminalidad.
Insólitamente, el gobierno de Juan Carlos Varela decidió abrir una cárcel preventiva en Punto Coco, al sur de la Isla del Rey, Archipiélago de las Perlas. En la base aeronaval, serían trasladados supuestos jefes de pandillas o capos, al igual que sospechosos de acciones delictivas. De inmediato, abogados denunciaron la violación de las garantías procesales de los enviados al nuevo penal en el Pacífico panameño.
La opinión pública nacional rechaza la apertura de estas prisiones aisladas porque es sinónimo de represión y abusos. Lo mismo ha reiterado la defensora del pueblo, Lilia Herrera, debido a que los detenidos tienen derecho a ser visitados por sus familiares, además de ser tratados en óptimas condiciones.
Ojalá las autoridades recapaciten, dando el ejemplo en la atención a los reos, promoviendo la resocialización de los detenidos y no el castigo represivo al condenado. Larga vida y prosperidad para todos. Saludos amigos…