Pueblo

Escoger un candidato no solo capacitado, sino digno de su cargo, se ha convertido en Panamá en una tarea que requiere de mucha precisión para su elección. No es juego de tiro al blanco o rueda de la fortuna para decidir por el mejor candidato (a) cuando se trata de designar al defensor o defensora del pueblo. El análisis a conciencia sobre los mejores o más adecuados está más allá de meras conjeturas de carácter político electoral. La precisión en este caso debe estar basada en una acertada formación humanística, moral, ética, académica, y cuyo concepto de justicia esté basado en la buena interpretación de lo que es legal y sociopolíticamente aceptable.

La envestidura del defensor (a) del pueblo se eleva a la majestuosidad de sus acciones en beneficio del más necesitado del respeto en materia de derechos humanos. No es cuestión de establecer líneas de moda pasajeras, aunque tampoco de dejar de introducir los aspectos más edificantes de la modernidad del nuevo milenio en materia de ejecución práctica y funcional, pero no alejada de la jurisprudencia de quien ostente el cargo con dignidad dentro de las exigencias que el mismo ha permitido lejos de disputas de género o sobresalientes en orden intelectual. El defensor o defensora del pueblo en democracia también se evalúa en actitudes de prudencia y carisma porque el equilibrio o balance en sus propios actos como persona influyen en el ánimo de su comunidad que espera un ejercicio cónsono en su defensa implícita en cuanto a sus reales derechos.

La persona elegida debe entender su cargo dentro de un ámbito de valores ciudadanos que prevalecen en la preservación de una sociedad con derechos conjuntos independiente de razas, credos o posiciones sociales y políticas, y menos aún de intereses económicos. Bajo esa premisa, este despacho institucional ha estado dirigido en su momento por determinados profesionales que se han destacado a favor de su máximo regidor y observador: el Pueblo Panameño. Igualmente, los distintos órganos del Estado, como parte de una gestión gubernamental que busca estructurar un desarrollo a nivel de país, deberán entender en su justa condición las prioritarias funciones de la Defensoría del Pueblo como parte elemental de una mística política que concreta con efectividad sus funciones para la cual fue creada.