Un clavo más al ataúd de la CSS

El tema de las jugosas jubilaciones de $7,000 a los uniformados que ocupan cargos en el Órgano Ejecutivo, sigue generando reacciones de rechazo en amplios sectores ciudadanos, quienes con toda razón la ven como un odioso e inmerecido privilegio, en desmedro del resto de los panameños.

Al margen de la motivación política de la medida que, como se sabe, es la de comprar la fidelidad de los altos mandos policiales, poco se ha dicho del impacto económico que tendrá en las maltrechas finanzas del Estado si es que las pensiones las cubre el Ministerio de Seguridad o la Caja de Seguro Social (CSS), responsables de pagar la ilegal e inmoral sinecura.

Cuando fueron eliminadas las llamadas jubilaciones especiales, de la que gozaban un número reducido de funcionarios, se alegó que las mismas comportaban un odioso e inconstitucional privilegio.

Bajo ese mismo rasero, deberá la Corte Suprema fallar declarando la inconstitucionalidad del Decreto 302 de 31 de agosto de 2016 que favorece con la “superjubilación” a 10 militares devenidos en funcionarios.

Según los críticos de la medida, para pagar estas jubilaciones, el Estado tendrá que hacer desembolsos hasta de $15 millones a los 10 “suertudos” favorecidos con la medida.

Lo triste es que hay miles de panameños que toda la vida trabajaron y ahora tienen jubilaciones de hambre que no les alcanza para nada y qué decir de otros sectores profesionales, cuya jubilación no pasa de $2,500.

Esto, sin nombrar al policía de a pie que pone el pecho en la lucha contra el delito.

Lo mínimo que debió hacer el mandatario antes de la promulgación de este decreto fue realizar un estudio del impacto económico que el mismo tendría en relación con el resto de las jubilaciones que paga la CSS y el Ministerio de Seguridad.

Estas jubilaciones son otra pesada carga que deberá soportar el Estado y ojalá que no sea el último clavo en el ataúd de la CSS que ya está en artículo de muerte.