Condenan a exjuez a 72 meses de prisión por el delito de concusión

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales estableció la condena de 72 meses de prisión por el delito Contra la Administración Pública en la modalidad de concusión a Julio Isacio Arcia Guerra. exjuez municipal.

También se le condenó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo.

Esta condena se logra luego que el 26 de agosto de 2016, se puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, que a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia se informó, de forma anónima, qué funcionarios públicos de los Juzgados Municipales, Civiles o Mixtos de los distritos de Panamá y Chepo, no facilitaban al usuario el trámite para los matrimonios civiles; por el contrario, solicitaban dinero para cumplir con sus deberes y responsabilidades.

Ante esto, el 24 de octubre de 2016, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga realizó la operación encubierta denominada “Matrimonio”, por medio de la cual dos agentes encubiertos, acuden al Juzgado Municipal de Chepo a supuestamente contraer matrimonio.

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La supuesta pareja entregó al juez $150 en efectivo, dinero marcado por la Fiscalía, posterior a esto en diligencia de allanamiento y registro corporal se le ubicó a Arcia Guerra la suma total de $316.90, incluyendo el dinero marcado para la diligencia.

El fallo indica que al analizar las constancias procesales, el Tribunal consideró que existían los elementos de prueba suficientes recabadas por la Fiscalía que comprobaron la responsabilidad del procesado que, siendo funcionario público en uso de su cargo, cobrara contribución no establecida en beneficio propio, para la realización de matrimonios entre personas que no vivían en su jurisdicción o solicitaban adelanto de fechas.
Se ordenó, además, el decomiso de $166, siendo depositados a una cuenta del Banco Nacional a nombre del Fondo y Custodia Ministerio Público.

Esta no es la primera vez que el nombre del juez Julio Arcia, sale a relucir en presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

El año pasado, la juez primera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Agueda Rentería Sánchez, lo condenó a 80 meses de prisión, por el presunto delito de corrupción de servidor público.

La querella criminal en su contra fue interpuesta el 15 de octubre de 2015, por la firma de abogados Jaén y Asociados, representantes legales de Juana Sánchez de Ayala y Alfredo Carlos Ayala.