El duelo de los que quedaron en la casa; la otra cara del femicidio
Panamá registra 21 femicidios hasta octubre de 2026, pero no tiene una cifra para los sobrevivientes. El duelo de los que quedaron en la casa no aparece en ningún cuadro oficial.
Panamá- Cuando el femicidio ocurre, la escena se analiza, procesa y se limpia, el agresor se detiene y el expediente avanza. Pero en muchos de los casos en la casa queda alguien. Padres que pierden hijas, hijos que pierden madres, hermanos que pierden hermanas.
Panamá registra 21 femicidios y 21 tentativas hasta octubre de 2026, a esos hay que sumarle 3 casos perpetrados en este mes de noviembre, pero el Ministerio Público no tiene una sola estadística sobre el duelo de los que sobreviven.
El duelo por femicidio no empieza cuando el juez dicta sentencia. Empieza la madrugada en que suena el teléfono y una voz del otro lado dice que hay un cuerpo. Empieza cuando la madre abre la puerta de la morgue y le piden que confirme si esa ropa es de su hija. Empieza cuando el hijo menor pregunta dónde está mamá y alguien, todavía sin saber cómo, improvisa una respuesta.
En Panamá, ese duelo no tiene nombre oficial. El Ministerio Público mide la violencia: 21 femicidios, 21 tentativas y 17 muertes violentas de mujeres al 31 de octubre de 2026. Desglosa por arma, por provincia, por rango de edad. Pero no mide lo que ocurre después del levantamiento del cadáver: quién le dice a la madre que su hija no va a volver, quién acompaña al hijo que vio el crimen, quién paga el entierro, quién tramita la pensión, quién explica que el hombre que está detenido es el mismo que ayer era el esposo.
Hay un segundo elemento: la justicia. Muchas familias entran al proceso penal sin saber qué significa una audiencia, una imputación, una prisión preventiva. Y el proceso no siempre acompaña: puede durar meses, puede terminar en un acuerdo, puede producir una pena que la familia siente como insuficiente. El duelo se cruza con la burocracia, y la burocracia no tiene lugar para el llanto.
Hay un tercer elemento: el silencio. En muchos casos, los sobrevivientes no pueden hablar. Porque el agresor es pariente. Porque la comunidad conoce a ambos. Porque hablar en público significa exponer a los hijos. Ese silencio, a veces, es la única forma de seguir viviendo. Y también es una forma de duelo que no se ve, que no se mide, que no se cuenta.
Lo que se mide y lo que se borra
El informe del Ministerio Público es preciso con los números de la muerte. Marzo fue el mes con más femicidios (4). San Miguelito registró 5, un 400 % más que en 2025. El grupo de 18 a 24 años concentra 5 femicidios y 5 tentativas. Cada cifra tiene su columna.
No hay una columna para el duelo. No hay un cuadro que diga cuántas madres perdieron hijas, cuántos hijos perdieron madres, cuántos hermanos quedaron a cargo de hermanos menores. Tampoco hay una variable para el tiempo: cuántos días tarda una familia en recibir el cuerpo, en obtener una copia del expediente, en acceder a una medida de protección que ya no sirve porque la víctima está muerta.
La ausencia no es accidental. Las estadísticas de violencia están diseñadas para medir el delito y al delincuente, no el daño que queda en los que sobreviven. El femicidio se cierra, para el sistema, cuando se imputa al agresor. Para la familia, en cambio, se abre un proceso que no tiene fiscal, ni juez, ni sentencia.
El duelo que no cabe en el expediente
El duelo por femicidio tiene una particularidad que lo distingue del duelo por accidente o enfermedad: la muerte fue intencional, y el responsable suele ser alguien de la casa. El padre, la pareja, la expareja, el primo. Alguien que estaba en la mesa del domingo.
Eso cambia el proceso. La familia no solo pierde a una persona: pierde la red de parentesco. Los hijos que sobreviven cargan con dos ausencias a la vez: la madre asesinada y el padre detenido. La madre de la víctima pierde a una hija y, al mismo tiempo, al yerno que la llamaba “suegra”. El duelo se vuelve un tejido que se deshace por varios hilos a la vez.
Hay un segundo elemento: la justicia. Muchas familias entran al proceso penal sin saber qué significa una audiencia, una imputación, una prisión preventiva. Y el proceso no siempre acompaña: puede durar meses, puede terminar en un acuerdo, puede producir una pena que la familia siente como insuficiente. El duelo se cruza con la burocracia, y la burocracia no tiene lugar para el llanto.
Hay un tercer elemento: el silencio. En muchos casos, los sobrevivientes no pueden hablar. Porque el agresor es pariente. Porque la comunidad conoce a ambos. Porque hablar en público significa exponer a los hijos. Ese silencio, a veces, es la única forma de seguir viviendo. Y también es una forma de duelo que no se ve, que no se mide, que no se cuenta.
Lo que la ley no dice
El Código Penal panameño tipifica el femicidio en el artículo 132-A. La pena va de 25 a 30 años. La ley castiga al agresor. No hay, en la legislación, una obligación explícita de acompañar a los sobrevivientes. No hay un protocolo de atención al duelo. No hay una partida presupuestaria específica para las familias que quedan.
El Protocolo Patricia, presentado en julio de 2026 por el Ministerio Público, lleva el nombre de la fiscal Patricia Ossa Sánchez, quien ejerció 17 años en la institución. Fue elaborado por el Instituto Superior de Formación de Fiscales con el aporte de fiscales de homicidio y femicidio de todo el país, expertos nacionales e internacionales y las buenas prácticas de ONU Mujeres. Orienta el trabajo de los fiscales desde el conocimiento del hecho hasta el juicio oral, con criterios técnicos para mejorar las investigaciones y la fundamentación de las decisiones judiciales. Es una herramienta para los fiscales. No es una herramienta para las familias. La diferencia importa: una cosa es castigar al culpable, otra es sostener a los que se quedaron.
En algunos casos, el INAMU, el Ministerio de Desarrollo Social o la Defensoría del Pueblo intervienen para ofrecer apoyo. Pero no hay un registro público de esas intervenciones, ni una evaluación de su alcance, ni una cifra de cuántas familias recibieron acompañamiento y cuántas no. La respuesta del Estado depende de la suerte, del municipio, de la institución que atienda el caso, del funcionario de turno.
El duelo como política pública
Si Panamá quiere medir el impacto real del femicidio, no puede quedarse con la cifra del agresor detenido. Tiene que contar también a los que sobreviven. Cuántas familias quedaron a cargo de los hijos de la víctima. Cuántas necesitaron asistencia económica. Cuántas recibieron atención psicológica. Cuántas abandonaron la casa, el barrio, la ciudad.
Ese conteo no existe. Y mientras no exista, el duelo de los que quedaron en la casa seguirá siendo una historia invisible, un dato que no entra en los cuadros, una pregunta que no tiene fiscal que la investigue.
La pregunta no es quién mató. La pregunta es quién se queda. Y quién, del Estado panameño, se ocupa de que esa persona pueda seguir viviendo.