La Ley 40 y el niño que vende droga: proteger o castigar
La Ley 40 de 1999 protege al menor que vende droga: prioriza la resocialización sobre el castigo. La privación de libertad es excepcional y la banda lo usa como escudo.
Panamá- El menor de edad que vende droga no va a la cárcel de adultos. No enfrenta el Código Penal, ni las penas que se aplican a un narcotraficante mayor de edad. En Panamá, el adolescente que comete un delito, incluido el microtráfico, cae bajo el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, establecido en la Ley 40 de 1999. La norma no fue diseñada para castigar, sino para educar. Y esa diferencia es la que las bandas criminales aprovechan.
Quiénes son responsables penalmente
La Ley 40 es clara en su ámbito de aplicación. Solo son responsables penalmente los adolescentes que hayan cumplido catorce años y no hayan cumplido los dieciocho al momento de cometer el acto infractor. Los menores de catorce años no son responsables penalmente. La ley los ampara con un régimen de protección, no de castigo.
El menor de catorce años que vende droga no puede ser procesado. Esa es la primera ventaja que la banda explota. El niño que está en la esquina de la escuela, el que lleva la mochila, el que recibe el dinero, muchas veces ni siquiera ha cumplido los catorce. No es imputable. La ley no lo puede tocar.
La privación de libertad no es la regla
La Ley 40 establece que la privación de libertad es una sanción de carácter excepcional. El juez penal de adolescentes solo puede imponerla cuando no sea posible aplicar ninguna otra medida. Y la misma ley exige que el juez fundamente su decisión de imponer una sanción privativa de libertad en la sentencia. No es la regla. Es la excepción.
La ley contempla un catálogo de sanciones que van desde la amonestación, la participación obligatoria en programas de asistencia, la prestación de servicios a la comunidad y la reparación de daños, hasta las órdenes de orientación y supervisión. Solo en casos específicos —homicidio doloso, violación, secuestro, robo, tráfico de drogas y terrorismo— se puede aplicar la reclusión en un centro de cumplimiento, y con una duración máxima de cinco años.
La finalidad es la resocialización, no el castigo
La Ley 40 es explícita sobre los fines del régimen. La sanción tiene como finalidad única "la resocialización de los infractores, de modo que se asegure su reinserción en la familia y en la sociedad, a través del aprendizaje de una actitud constructiva en relación con su entorno". No es venganza. No es retribución. Es reinserción.
La ley refuerza la idea al establecer que, al momento de determinar la sanción, el juez debe tener en cuenta que esta sea "proporcional al daño o amenaza causado por la conducta delictiva, que sea conducente a su reinserción familiar y comunitaria, y que sea viable en las condiciones reales en que deberá cumplirse". La ley no busca castigar al menor. Busca reinsertarlo.
La escuela que expulsa y la calle que recibe
Aunque existen gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, estos no brindan el tratamiento como se tiene que hacer. El resultado es una cadena de expulsiones que empuja al menor directamente a la calle: en lugar de resolver el problema, los sacan de clases, los etiquetan y los esquinan. La escuela, que debería ser el espacio de contención, se convierte en el primer eslabón de la marginación.
El menor expulsado no vuelve a casa a reflexionar. Vuelve a la esquina, donde la pandilla ya lo está esperando. El SIEC documenta el mecanismo: las pandillas atraen a los niños y jóvenes que saben que se encuentran en situaciones difíciles, los engañan y, una vez adentro, ejercen presión con amenazas para que no se salgan. El engaño inicial no es una promesa de dinero. Es una promesa de pertenencia.
El eslabón más desechable
Dentro de la estructura, el menor ocupa el lugar más expuesto. El SIEC los identifica como "creyentes": seguidores que no son miembros plenos, pero que sirven para introducir drogas en los colegios y para marcar territorio. Se adhieren por fama y por protección o seguridad personal. Es el que se para en la esquina de la escuela. El que lleva la mochila. El que, si lo atrapan, no tiene el respaldo de la estructura adulta.
La edad lo protege y lo condena al mismo tiempo. La Ley 40 de 1999 establece un régimen especial para adolescentes con un enfoque restaurativo. En la práctica, eso significa que un menor aprehendido por microtráfico puede ser devuelto a su familia o a un programa de rehabilitación en cuestión de horas o días. La banda lo sabe. El menor también. Y ese conocimiento alimenta la sensación de que el riesgo es manejable.
La trampa del sistema
El problema es que la misma ley que protege al menor es la que las bandas aprovechan para usarlo. El adolescente sabe que su edad lo protege de una condena severa. La banda lo sabe también. Y el adulto que lo recluta, el dueño de la operación, el que maneja el negocio desde las sombras, no enfrenta la Ley 40. Enfrenta el Código Penal. Enfrenta penas de prisión que pueden superar los diez años. Por eso usa al menor. Por eso lo expone. Por eso lo convierte en el escudo.
El adolescente que vende droga es, al mismo tiempo, victimario y víctima. Victimario porque vende. Víctima porque alguien lo puso ahí, porque el sistema lo abandonó antes de que pudiera elegir, porque la única estructura que le tendió la mano fue la que lo iba a usar. Y mientras el Estado no encuentre una forma de romper ese ciclo, el niño que vende droga seguirá en la esquina, esperando a que la próxima redada lo devuelva a casa bajo la protección de la Ley 40, o a que la próxima bala lo alcance antes de que cumpla los dieciocho.