Ni la naturaleza se salva: los delitos ambientales aumentan 17% en Panamá
El Ministerio Público reporta un aumento del 17% en delitos ambientales hasta septiembre de 2026. Chiriquí y Colón lideran el preocupante repunte de casos.
Panamá- El ecocidio no da tregua en Panamá. La geografía panameña sigue siendo el botín de redes criminales que se lucran de su riqueza natural. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, el Ministerio Público registró 502 casos criminales por delitos ambientales y contra el ordenamiento territorial en el sistema penal acusatorio.
La cifra representa un preocupante incremento del 17% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 430 casos. El dato, aunque preliminar, confirma que la presión sobre los ecosistemas del país no cede, sino que se acelera.
El corazón del problema: la destrucción de los recursos naturales
Al desglosar las estadísticas, el panorama es claro: la mayoría de los ataques se dirigen contra la flora y los minerales. El Capítulo I, que abarca los delitos contra los recursos naturales, concentró 277 casos (el 55% del total nacional). Dentro de esta categoría, el delito específico de Destrucción de los Recursos Naturales (Artículo 399) sumó 187 denuncias, un aumento del 21% frente a las 154 registradas en 2025. Le sigue la Tala o Destrucción de Formaciones Vegetales en áreas especiales con 52 casos, una cifra que, aunque refleja una caída del 31% respecto al año pasado, evidencia que los bosques siguen en la mira de los taladores ilegales.
La otra cara: el tráfico y la extracción de vida silvestre
El daño no solo se mide en árboles y tierra. Los delitos contra la vida silvestre (Capítulo II) sumaron 44 casos en los primeros nueve meses del año. De estos, 36 corresponden a la extracción de recursos o especies acuáticas y terrestres protegidas o en peligro de extinción, mientras que 8 están relacionados directamente con el tráfico de especies. Aunque las cifras son menores en volumen comparadas con la destrucción de recursos, cada caso representa una herida profunda a la biodiversidad del istmo, un ecosistema clave para las rutas migratorias y el equilibrio ambiental del continente.
El maltrato animal: una categoría silenciosa
El informe también revela una realidad que muchas veces queda fuera de los titulares: los delitos contra los animales domésticos (Capítulo IV) sumaron 176 casos, posicionándose como la segunda categoría más denunciada, solo por detrás de la destrucción de recursos naturales. La cifra representa un aumento del 60% en comparación con los 110 casos de 2025.
El maltrato animal, aunque no siempre se asocia con el ecocidio, es parte del mismo entramado de violencia y desprecio por la vida que afecta al país.
El mapa del delito: Chiriquí y Colón en alerta roja
El avance de los delitos ambientales no es uniforme. El informe del Ministerio Público revela que las provincias de Chiriquí y Colón son los epicentros de la actividad ilegal. Chiriquí registró 91 casos, un impactante aumento del 82% en comparación con los 50 de 2025. Colón, por su parte, pasó de 17 a 37 denuncias, lo que representa un incremento del 118%, la variación porcentual más alta del país. Panamá Oeste también mostró un repunte significativo, con 74 casos (un 80% más que el año anterior), consolidando una zona de alta conflictividad entre el desarrollo urbano y la protección del ambiente.
El misterio de Darién: la caída que preocupa
No todas las cifras van en aumento, y algunas caídas resultan tan sospechosas como los repuntes. La provincia de Darién pasó de 45 casos en 2025 a solo 11 en 2026, una reducción del 76%. De igual forma, Los Santos cayó un 50%, registrando 23 casos.
Aunque a simple vista parezca una buena noticia, expertos en la materia advierten que estas caídas drásticas en zonas de difícil acceso suelen estar más relacionadas con la falta de denuncias, el temor de las comunidades o la presencia de grupos armados, que con una verdadera disminución de la actividad ilegal. El silencio en estos territorios es, muchas veces, el mejor aliado de las mafias ambientales.
La justicia territorial: el reto pendiente
A nivel de distritos judiciales, el Primer Distrito Judicial concentra la mayor carga de trabajo con 239 casos, seguido del Tercer Distrito con 125. Sin embargo, los delitos de tramitación y cumplimiento urbanístico territorial apenas sumaron 5 casos en todo el país.
Esta cifra mínima sugiere que las irregularidades en la aprobación de estudios de impacto ambiental o las construcciones ilegales en áreas protegidas siguen siendo un punto ciego para el sistema penal, a pesar de que el Código Penal contempla sanciones para estos actos. La selva panameña pierde la batalla, y los números de 2026 lo demuestran con crudeza.
Lo que dice la ley: penas que no siempre se aplican
El Código Penal panameño contempla penas de prisión que, en teoría, deberían disuadir a los depredadores ambientales. El artículo 399, que castiga la destrucción, extracción, contaminación o degradación de los recursos naturales, establece una pena de cinco a ocho años de prisión. Para la tala ilegal en áreas protegidas o cuencas hidrográficas, el artículo 406 fija una sanción de cinco a ocho años. Y para quienes trafiquen con especies de vida silvestre amenazadas, el artículo 410 contempla cuatro a seis años de prisión.
Pero hay un detalle que el informe del Ministerio Público deja entrever: a pesar de que estas penas existen, los delitos de tramitación y cumplimiento urbanístico territorial apenas sumaron 5 casos en todo el país. La ley está escrita, pero su aplicación parece ser la excepción y no la regla. Mientras los taladores y traficantes siguen operando, los expedientes duermen en los escritorios.
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