Retienen a representante de fundación envuelta en escándalo de los albergues
Katya Meléndez, fiscal Superior de Familia informó que "se ordenó el desalojo de las personas que residían en el albergue y el alejamiento de las personas que laboraban en la fundación".
El representante de la Fundación de Atención Integral Chilibre-Panamá (Funchipa), ubicada en el corregimiento de Tocmen, fue retenido tras una denuncia interpuesta por Maria Inés Castillo, titular del Ministerio de Desarrollo Social, en julio del 2020.
Representantes del Ministerio Público realizaron una diligencia de allanamiento en Funchipa, la cual se encuentra en medio del escándalo por presuntos maltratos de menores y peculado, luego de lo cual, Katya Meléndez, fiscal Superior de Familia informó que "se ordenó el desalojo de las personas que residían en el albergue y el alejamiento de las personas que laboraban en la fundación".
Debido a las medidas impuestas por el Ministerio Público los menores fueron puestos a órdenes de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), ya que además esta última entidad le suspendió el permiso de operación a Funchipa, a quien también se le retiró el subsidio que le otorgaba el Estado.
#SucesosCri Las capturas se realizaron en La Chorrera y Arraiján. https://t.co/KOvQ1gQtu0 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 4, 2021
Tan solo el pasado martes 2 de marzo, un juez de Garantía imputó cargos por el delito de maltrato al menor, en grado de omisión, contra una persona responsable de un albergue, ubicado en la provincia de Veraguas.
Por este caso hay dos personas más imputadas por el delito Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, en la modalidad de maltrato al menor, quienes eran los encargados de administrar el albergue y se encuentran con medida cautelar de reporte periódico, desde el 27 de octubre de 2020, impuesta por el Juzgado de Garantías, cuando se realizó la audiencia de imputación.
Asimismo, la Sección de Familia de la Fiscalía de Veraguas aplicó desde mayo de 2020, cuando inició esta investigación de oficio, medidas de protección a las seis víctimas cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años de edad.
Por otro lado, dentro de la audiencia realizada el martes, el Ministerio Público solicitó al Juez suspender funciones al albergue en mención por no reunir las condiciones adecuadas ni la estructura para albergar personas; sin embargo, el juzgador negó esta petición argumentando que esta medida no es de competencia penal, sino administrativa.
A inicios del mes de febrero una subcomisión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) presentó un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en 14 albergues en los que se acoge a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Actualmente hay abiertos ocho procesos por el tema de los albergues a nivel nacional, algunos con hasta dos años de antigüedad, de acuerdo con la información de la Fiscalía.
El caso de los albergues ha levantado una ola de indignación, con protestas casi diarias para exigir justicia y duras críticas al Ejecutivo, porque no se ha destituido a ningún funcionario vinculado a ellos.
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