Sexoservidoras sufren extorsión y abusos de la Policía

El texto, elaborado por la asociación Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá (MDDP), señala que al 55 % de las trabajadoras sexuales encuestadas los policías les pidieron dinero a cambio de no ser arrestadas y que al 45 % les solicitaron favores sexuales gratuitos.
"La policía nos hace seguimientos como si fuésemos delincuentes para extorsionarnos a nosotras pero también a los clientes, cuando el trabajo sexual no es un delito en Panamá", dijo Gladys Murillo, presidenta de MDDP, una asociación que lucha por los derechos de estas mujeres en Panamá.
El 77 % de las mujeres encuestadas asegura además haber sido víctima de violencia verbal, mientras que el 43 % denuncia que los agentes la golpearon, empujaron o tiraron del pelo en alguna ocasión.

 

"No hemos avanzado nada en el tema de los abusos policiales. Lo único que hemos avanzado es en el respeto que nos empiezan a mostrar los medios de comunicación. Ya no nos llaman con nombres sustantivos como putas, prostis o servidora", apuntó la activista.
El documento indica además que el 30 % de las encuestadas fue obligada a mantener relaciones sexuales con algún miembro de las fuerzas de seguridad para no ser denunciada, mientras que el 32 % de las mujeres afirma que los agentes le robaron alguno de sus objetos personales.
"Las trabajadoras sexuales son muy reticentes a denunciar por las experiencias amargas que han tenido. La mayoría de las veces los expedientes no se investigan o se investigan de manera que siempre salen beneficiados los policías", denunció por su parte el abogado de la asociación Eduardo López.
El informe recoge los testimonios que brindaron entre julio y octubre de este año un total de 317 trabajadoras sexuales, de las cuales el 85 % eran panameñas y el resto dominicanas, colombianas y venezolanas.
Según MDDP, que nació el año pasado y está adscrita a la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales (RLTS), la eclosión económica de Panamá de los últimos años ha provocado un aumento de la prostitución en el país.
La asociación denuncia además que Panamá es el país de Centroamérica donde las trabajadores sexuales se sienten más vulnerables a los abusos policiales y calcula que en el país existen más de 5.000 prostitutas.
En Panamá no es ilegal el trabajo sexual, pero el Código Penal sí contempla como delito el proxenetismo y establece penas de cuatro a seis años de cárcel para quien lo ejerza.