Hay quienes sostiene que el gobierno de Juan Carlos Varela metió un gol sigiloso e inconsulto con la publicación de un decreto que obliga a los bancos -desde este 1 de enero- a hacer descuento directo del impuesto de inmuebles a todos los ciudadanos que tengan una segunda vivienda o una propiedad no declarada como patrimonio familiar.
Se trata del decreto ejecutivo No. 362 del 29 de noviembre de 2018, "Que reglamenta el mecanismo de retención del impuesto de inmuebles, del cual sean objeto los bienes inmuebles y sus mejoras, que hayan sido financiados a través de préstamos o créditos hipotecarios o que sean garantizados por fideicomisos y de emisión de valores".
Se eximen del impuesto los inmuebles ya mencionados y los que están exonerados de impuestos.
Los agentes de retención, en este caso los bancos, deberán enviar a la Dirección General de Ingresos toda la información sobre bienes inmuebles con financiamiento vigente y la relacionada con segunda hipoteca. También deberán retener el impuesto de las cuentas bancarias de los dueños de las propiedades que deban pagarlo.
La retención puede hacerse mensual, cada cuatro meses o una vez al año, explicó el economista David Saied.
"Si usted tiene que pagar $1,200 en impuesto de inmueble, le van a descontar $100 al mes de su cuenta bancaria, o por cuatrimestre o anualmente", señaló.
Los ciudadanos que quieran declarar un inmueble como patrimonio familiar, deben hacerlo antes de la entrada en vigencia del decreto, según dijo Saied.
Esto afectará a los dueños de casas de playa, de montaña, casas con uso comercial y otras viviendas que posea y que no sean declaradas como su vivienda.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas alegó que la medida facilitará la recaudación ordenada y excluye las viviendas protegidas amparadas por la figura de Patrimonio Familiar Tributario.
El MEF alega que la Ley 66 del 17 de octubre de 2017 fue aprobada unánimemente por los diputados hace un año y posteriormente, el Gobierno Nacional reglamentò el mecanismo de Retención de Impuesto de Inmuebles, lo cual fue consensuado con la Superintendencia de Bancos, Asociación Bancaria, Cooperativas, Entidades Financieras, ANATI y la Dirección General de Ingresos
