Salvan el pellejo a diputado panameñista acusado de coimero

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) -en un fallo bajo la ponencia de Abel Zamorano- no admitió una denuncia contra el diputado panameñista Luis Barría, por peculado cuando fungía como director del Registro Público. De igual forma, la máxima corporación de justicia del país ordenó el archivo del sumario en este caso.

La decisión de la Corte se da, luego de que el 9 de febrero de 2012 llegara a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia presentada por Ernesto Augusto Águila Cajar, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio del Registro Público.

Águila Cajar, quien es dueño de una compañía constructora y socio de una productora de televisión de nombre Pana Televisión, S.A., señaló que Barría le ofreció un contrato directo de consultoría de relaciones públicas del Registro Público a su segunda empresa, a través de 2 contratos: uno por $200 mil y otro por $298 mil, pero le exigió a cambio el pago de "cierta cantidad de dinero" como comisión por la firma de los contratos.

Según la denuncia, Águila Cajar se negó inicialmente, pero luego aceptó por temor a que rescindieran los contratos.

El denunciante había asegurado que el dinero de estas comisiones los entregó a cuentas bancarias de la empresa Ventas y Copias Puntuales, S.A., y en un pagaré a nombre de Mary Chin de Barría, esposa de Luis Barría, por $200 mil.

Agregó que tras darse la ruptura de la alianza de gobierno que sacó a los panameñistas del gobierno de Ricardo Martinelli, Barría renunció al Registro Público y lo llamó a su celular para exigirle el dinero, amenazándolo con hacer valer el pagaré que había firmado y que lo colocara en la planilla de su empresa con un salario de $7 mil.

A pesar de todo, la Corte no admitió la denuncia alegando que no había prueba idónea de la vinculación de Barría.