La idea de cambiar la Constitución Nacional ha estado en los planes de este gobierno desde hace tiempo. A finales del 2009, la administración Martinelli reveló su intención de convocar a una inusual serie de "consultas populares", de los cuales saldrían reformas constitucionales, y que al final, quedaron en suspenso.
Ahora, el tema de la Carta Magna está nuevamente en el ambiente. Mientras el gobierno habla de reformas, algunos ya hablan de constituyente "paralela", y otros de constituyente "originaria".
En lo que todos están de acuerdo, es en que la Constitución de 1972, reformada en 1978, 1983, 1994 y 2004, no se ajusta a la realidad ni necesidades del Panamá de hoy. En lo que no hay acuerdo es en cómo y en qué extensión se debe reformar, o en todo caso, reemplazar.
Hay que establecer una metodología consensuada y un temario definido para hacer los cambios necesarios a la Constitución Política, pero para ello primero debe darse un gran diálogo nacional que incluya a todos los sectores importantes, y eso es lo que el gobierno debe propiciar antes que nada.
Durante años, los ciudadanos hemos estado acostumbrados a ser consultados en costosos diálogos en hoteles lujosos que se extienden durante meses, para que al final, cuando se entrega el paquete de propuestas, estas son cambiadas al antojo del Ejecutivo y Legislativo de turno.
Si se repite esta situación para las reformas constitucionales, el país habrá perdido otra oportunidad de modernizar su democracia.