Las libertades condicionales que obtuvieron 184 detenidos en los centros penitenciarios del país en diciembre de 2008, no cumplieron con los procedimientos legales que establece la Ley No. 31 de Protección a las Víctimas del Delito.
Esta anomalía fue dada a conocer mediante una misiva dirigida por el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas al ministro de Gobierno y Justicia, Dilio Arcia, a quien le solicitó reparar la omisión e incumplimiento de lo dispuesto en la legislación que resguarda el derecho de las víctimas.
Según lo establecido por la Defensoría no fue publicado el listado de los 184 detenidos contenida en la Resolución No. 292 de 24 de diciembre de 2008.
El Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005, que reglamenta al Sistema Penitenciario, indica que la víctima del delito debe estar informada de la iniciativa del Organo Judicial al anunciar las libertades condicionales.
