Los 240 obreros de la construcción detenidos tras las protestas y disturbios de anteayer fueron enviados a La Joyita. Sus abogados presentaron ayer tres recursos de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia.
Otros 31 obreros permanecen detenidos en la Dirección de Investigación Judicial, según cifras del SUNTRACS, y el resto se hallaba recluido en la cárcel La Joyita, a órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Estos fueron arrestados al ser verificados con el sistema "pele police" al ingresar a los proyectos en los que laboraban, porque se detectó que tenían casos pendientes.
El abogado Antonio Vargas protestó ante la falta de asistencia legal que no ha sido permitida a los obreros detenidos que permanecían en el Centro Penal La Joyita, según los informes obtenidos.
Dijo que a los obreros los han mantenido en aislamiento, donde tampoco se le ha permitido a representantes de la Iglesia católica, de organizaciones no gubernamentales y de la Defensoría del Pueblo conocer su situación.
Vargas dijo, además, que presentaron la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo, porque esta no es la primera ocasión que el Estado panameño realiza detenciones arbitrarias y en donde irrespeta a los detenidos e impone multas abusivas e ilegales.
Mientras, un grupo de familiares se apostó en los predios de la Corte Suprema de Justicia para pedir la celeridad de los hábeas corpus, y otro permanecía en las afueras del Complejo Penitenciario.
El magistrado Víctor Benavides será el ponente de al menos uno de los hábeas corpus en contra de la detención preventiva de 27 obreros del SUNTRACS.
En tanto, el dirigente del SUNTRACS, Genaro López, dijo que lo actuado por las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno es una clara violación al debido proceso, porque debe haber independencia del Ejecutivo en estas acciones.
"Entendemos que el Presidente no debe conocer mucho de derecho, a menos que quiera ser un dictador de este país".
