Durante los últimos meses hemos podido observar con suma preocupación el creciente aumento de los precios de los alimentos, no solo en Panamá, sino en todo el mundo. La demanda de materias primas alimenticias por parte de las gigantescas economías emergentes como son la de China y la India, por ejemplo, ha ocasionado distorsiones en los mercados. Además, la utilización de productos básicos como el maíz para fabricar biocombustibles ha puesto en riesgo la estabilidad socioeconómica en los países de la región Centroamericana. De acuerdo a informaciones especializadas esta tendencia seguirá hasta el 2015.
En Panamá, el gobierno nacional ha otorgado al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) la responsabilidad de establecer una relación entre productores y consumidores que permita a ambos protagonistas de la cadena comercializadora salir beneficiados en el intercambio.
El IMA ha logrado avanzar en la dirección propuesta. En primer lugar, se ha dado seguimiento al programa de Ferias Libres, una iniciativa que permite a la población adquirir productos de la canasta básica de alimentos a precios accesibles de la mano directa de los productores.
En continuidad del propósito gubernamental y ante la escalada de los precios de los alimentos, el IMA se ha convertido en expendedor de productos como arroz, lentejas, harina, sal, atún, aceite y otros, bajo la marca comercial conocida como Compita.
Esto ha servido de estímulo a los productores locales que ven con sentido social la posibilidad de integrarse al proyecto llevado adelante por el IMA.
La acción del IMA en el comercio de productos básicos ha encontrado eco en la población ya que los productos Compita observan una indiscutible calidad y son ofertados a bajos precios.
Es por esto que el gobierno debe proporcionarle un mayor apoyo al IMA y convocar a otras entidades para que participen ofreciendo algún tipo de refuerzo en el área logística por mencionar solo una de las que podrían servir de soporte a la labor de esta organización gubernamental.
Se hace imperiosa la participación de la Autoridad Nacional de Alimentos, las Juntas Comunales, la Autoridad de Libre Competencia y Defensa del Consumidor, entre otras, para reforzar este proyecto llevado a cabo por el IMA por instrucciones directas del Gobierno Nacional. Queda entonces en evidencia la intención y la incapacidad de algunos políticos que han pretendido su desaparición.
Debemos ser conscientes que esto es un asunto de Estado y no tan solo en la iniciativa de un gobierno en particular. En este sentido, el IMA alcanza una proporción gigantesca al convertirse en un propiciador de la estabilidad y la seguridad alimentaria del país.
