El meollo del problema de los decretos-leyes que pretende impulsar el gobierno de la Patria Nueva es el Servicio de Inteligencia y Seguridad, que en la práctica podrá espiar a los panameños y para colmo el ciudadano víctima de las actuaciones de esa agencia, no podrá denunciar esos abusos, porque todas las operaciones de la nueva CIA istmeña, serán secretas y por lo tanto no habrá pruebas ni testigos para sustentar una denuncia.
Nadie rechaza que los estamentos de seguridad tengan una operación más eficiente para reprimir la delincuencia, el narcotráfico, secuestros, asesinos y terrorismo. En la práctica se ha demostrado que el tener un jefe uniformado o civil al frente de la Policía, no ha hecho mayor diferencia en disminuir la delincuencia.
Frente a ese panorama, pareciera que el gobierno pretende tomarnos de tontos con la creación de organismos cuyas operaciones secretas pueden estar casi por encima de las leyes y la Constitución.
Todo el mundo sabe que el cuartel general de la CIA está ubicado en Langley, Virginia, pero los creadores de su par panameño, ahora quieren hasta tipificar como delito realizar actividades que perturben al Servicio Nacional de Inteligencia. Tomar una foto de los edificios de esa agencia o realizar una protesta pacífica ante su sede, será suficiente para aplicar a cualquier panameño disposiciones del Código Penal.
Así mismo, la agencia que hoy promueven los ministros de la Presidencia y de Gobierno puede neutralizar a las personas que pongan en riesgo la estabilidad de las instituciones y hasta empresas privadas, lo que pone en riesgo que cualquier protesta pacífica, sea calificada como un atentado a la seguridad del Estado.
El proyecto también establece la figura de las zonas de seguridad, concepto que está abierto al sector público y privado, donde tampoco se pueden realizar manifestaciones.
El gobierno está empecinado en aprobar de todas formas sus proyectos, pero hay una sociedad que despierta poco a poco. Sin duda que las manifestaciones de rechazo al espionaje cada día tendrán mayor convocatoria, porque la sabiduría popular, indica que hay que no se puede bajar la guardia en la defensa de los derechos ciudadanos.