Cada cierto tiempo se produce en Panamá una tragedia, que pone al descubierto la falta de supervisión de las instituciones que deben velar que se cumplan las regulaciones vigentes.
Usted lo observa cuando se produce un accidente que involucre a un autobús y que cobra un número considerable de víctimas. De inmediato se inician operativos para verificar las condiciones del transporte público. A las pocas semanas, retorna la inercia, hasta que vuelve y se produce otra tragedia que despierte a los funcionarios.
Igual sucedió con la producción de medicamentos en el laboratorio de la Caja de Seguro Social. De haberse dado un monitoreo del Departamento de Farmacias y Drogas, muchas de las muertes que se dieron por tomar jarabes envenenados con el dietilenglycol, se hubiesen evitado.
El caso reciente es el del supermercado Xtra, donde dos obreros murieron al inhalar gases tóxicos provenientes de una planta de tratamiento de aguas negras. Después de los decesos, es que llega una batería de funcionarios a revisar el funcionamiento de esa instalación. Ya para qué. Ahora el luto reina en dos hogares panameños.
Así sucede con casi tosas las instituciones. Habría que ver si las construcciones que se levantan en Panamá cumplen con todas las leyes de seguridad tanto para los que trabajan como para los que habitarán esos inmuebles.
Los servidores públicos deben entender que la comunidad les paga sus salarios y por ende deben cumplir con las responsabilidades referentes a su cargo y no esperar a que alguien pierda la vida para hacer cumplir las leyes.