Panamá no superó los 60 puntos requeridos como mínimos para obtener una calificación positiva en materia de transparencia presupuestaria en Latinoamérica. Su puntaje 50 de 100, indica que la ciudadanía no confía en su proceso presupuestario.
El �ndice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2009, que analiza a 12 países de la región, fue elaborado por 17 organizaciones civiles y 12 académicos de la región, y nada más fue aprobado por Costa Rica con 69 puntos.
Es importante que los gobernantes entiendan que para que el Estado sea más eficiente se requiere de la presencia de la gente de la sociedad civil y que igualmente la sociedad civil se despoje de particularismos y se incluya de manera positiva apostando ideas para mejorar la gestión pública, apuntó el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Rubén Castillo Gill, haciendo referencia a estos resultados.
"Panamá tiene 20 años de camino democrático, lo que indica que queda mucho por hacer y la sociedad civil debe comprometerse a participar más para mejorar la eficiencia del Estado. Ya hemos logrado que el ciudadano tenga acceso a la planilla estatal, ahora tenemos que lograr más conciencia de la sociedad civil para que estén pendientes de la actividad estatal y denuncien las irregularidades para que nuestros gobernantes corrijan los errores que se puedan estar cometiendo", afirmó.
Los peores calificados en materia de transparencia presupuestaria en este índice fueron Venezuela con 23 puntos, Bolivia con 42 y Ecuador con 43. Perú obtuvo 54 puntos, Brasil 49, México y Argentina ambos con 48, Colombia con 46, Guatemala y República Dominicana con 44 puntos, lo que muestra que los Gobiernos de la región no impulsan ni promueven la participación de los ciudadanos en la elaboración o en el control de las finanzas del Estado.
PUNTOS: DATOS
Detalló que a través del Centro Nacional de Competitividad de Panamá se están aportando ideas que permitan al final mejorar la efectividad del Estado y que APEDE lo que ha planteado siempre es que necesitamos un Estado más eficiente y que sea facilitador de la actividad económica.