El ex mandatario Ernesto Pérez Balladares rechazó categóricamente afirmaciones del ex presidente de la compañía PECC, el estadounidense Charles Jumet, en las que señala haber sobornado a altos funcionarios de su Gobierno para obtener en 1997 un contrato con la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional (APN).
En un comunicado de su oficina de prensa, el ex Presidente rechaza las afirmaciones vertidas por Jumet y "que fueron declaradas al amparo de un acuerdo judicial de colaboración con las autoridades norteamericanas".
"El comunicado del Departamento de Justicia no hace referencia a nombres particulares, pero reiteramos la posición ofrecida por el ex mandatario en el año 2003, quien negó haber recibido pagos de dividendos ni en ningún otro concepto de Charles Jumet o sociedades vinculadas a éste." "Reafirmamos que el ex mandatario recibió una donación de este ciudadano norteamericano como aporte a la campaña de reelección", destaca el comunicado.
En 1997, durante la gestión de Pérez Balladares, la APN otorgó a PECC, cuyo presidente era Jumet, una concesión directa para prestar ayuda a la navegación de buques que llegaban a aguas panameñas.
Mientras el secretario del Frente Contra la Corrupción, Enrique "Chito" Montenegro, dijo que el escándalo de la supuesta confesión de Jumet podría salpicar a funcionarios en la administración de la ex presidenta Mireya Moscoso.
Según Montenegro, el ex contralor Alvin Weeden envió a un tribunal en Virginia, Estados Unidos, un expediente para que se investigara las conexiones económicas de PECC con funcionarios panameños y el pago de coimas, lo que generó la investigación y el posterior arregló judicial de Jumet con las autoridades estadounidenses donde admite haber autorizado dichos sobornos.
El Secretario del Frente aseguró que tiene conocimiento de que por lo menos ocho funcionarios de la administración Moscoso recibieron "regalos, coimas o sobres".
Dichos funcionarios no fueron mencionados en el comunicado del Departamento de Justicia donde se confirma la confesión de Jumet, pero Montenegro adelantó que un miembro de la organización realizará las pesquisas para que se conozcan los nombres de los otros implicados.
Aseguró que a pesar de que se habla de la repartición de unos $200 mil tiene informes de que se repartieron entre $3 y $4 millones entre las dos administraciones presidenciales. "Vamos a indagar bien sobre los nombres de las personas que no se mencionan", dijo.
En las investigaciones que inició el ex contralor Weeden, se habló de que la supuesta lesión patrimonial contra el Estado en la concesión para el mantenimiento de faros y boyas otorgado a PECC ascendía a $20 millones.