Los políticos panameños, de lado y lado, han encendido el ventilador y se tiran toda clase de porquería y acusaciones. De esta forma van erosionando su credibilidad ante una población, que ya no sabe en quién confiar.
Frente al escenario presente se hace necesario que los agentes de instrucción y los tribunales cumplan su papel, para investigar las denuncias que se formulan y de no encontrase méritos para un procesamiento, el agraviado tenga la oportunidad de reclamar civil y penalmente responsabilidades.
Tanto del oficialismo como de la oposición se lanzan toda clase de acusaciones, algunas con méritos y otras para ganar notoriedad en los medios o empañar la imagen del adversario.
Cuando se lanza una acusación hay que hacerlo con responsabilidad y con la intención de producir una investigación imparcial; no con el propósito de influir en otra investigación que adelanta el adversario político.
Ante el presente panorama, se requiere con los políticos actúen con seriedad y que la justicia cumpla de una vez por todas con sus funciones y no se convierte en un mecanismo para tapar delitos de los que la designaron en el cargo o perseguir injustamente a los adversarios del gobierno de turno. La justicia es fundamental para la institucionalidad democrática y por eso es necesario la independencia de los agentes del Ministerio Público, así como de jueces y magistrados.
