Brasil encara los primeros recortes salariales por el coronavirus

La escalada de la pandemia del coronavirus y la paralización de gran parte de las actividades económicas han hecho que varias empresas brasileñas empiecen a despedir a trabajadores. Otras están recortando sueldos, amparadas en un decreto presidencial promulgado a comienzos de este mes por el presidente Jair Bolsonaro.

El decreto permite la reducción de la jornada laboral y de los sueldos en hasta el 100%, con una compensación proporcional pagada por el Gobierno, pero solo hasta el tope máximo de la prestación por desempleo (1.813,03 reales, o 339 dólares). Sin embargo, el plan deja afuera a los trabajadores sin contrato y a muchos empleados de empresas estatales.

 

A Luciana (los nombres en este reportaje han sido cambiados para preservar la identidad de los entrevistados) le han recortado el sueldo y ahora le toca apretarse el cinturón. Ha cancelado su posgrado y, en vez de acudir semanalmente a terapia, ha pasado a hacerlo cada quince días, incluso antes de saber cuan grande sería el recorte. “El 20 de marzo dejamos de recibir el cheque transporte y el cheque restaurante”, cuenta. Trabajadora en plantilla de una constructora, Luciana creía que el decreto solo afectaría a los altos cargos de la empresa. “No me imaginaba que nos salpicaría a todos”, dice. Pero este viernes le llegó el comunicado oficial de la empresa: un recorte del 10% de los salarios para quienes cobran hasta 5.000 reales [935 dólares], y del 20% para los que perciben un salario mayor, al menos hasta junio. Para ella ha sido un alivio. “Creí que sería del 40%”, dice. “Así que no deja de ser una buena noticia”.

Aunque al sector de la construcción civil tiene permitido continuar con sus actividades durante la cuarentena, la empresa donde trabaja Luciana está especializada en proyectos en urbanizaciones privadas. Y, por medidas de seguridad, las administraciones de las urbanizaciones han suspendido la realización de obras durante este periodo. “La empresa está completamente parada”, afirma Luciana. Con poca información sobre cómo funcionará esta medida, dice no saber si tiene derecho a percibir el complemento prometido por el Gobierno a cambio de la reducción salarial impuesta por la empresa. “No sé cómo será, si habrá que ir al banco, si tendremos que solicitarlo o si nos lo abonarán automáticamente”, dice. “Voy a esperar a que la gente que más lo necesite lo cobre y entonces tramitaré el mío”. El Gobierno calcula que 24,5 millones de personas sufrirán reducciones o la suspensión de sus contratos.

Según la nueva ley, la condición de suspensión completa del contrato de trabajo podrá tener un plazo máximo de dos meses. También existe la posibilidad de reducir las jornadas. En ese caso, el límite de tiempo son tres meses. La legislación permite que las negociaciones se efectúen individual o colectivamente entre el empleador y los empleados. Además, el texto asegura un periodo de estabilidad para cualquier trabajador cuyo contrato haya sido reducido o suspendido: durante el tiempo en el que esté vigente el acuerdo, los empleados no podrán ser despedidos y permanecerán estables durante el mismo periodo al final del acuerdo.

El limbo de los trabajadores sin contrato
La contrapartida del Gobierno ante los recortes, sin embargo, solo cubre a los trabajadores en plantilla de empresas privadas y a los trabajadores domésticos que cuentan con un contrato. Los dos grupos suman actualmente 35 millones de personas y representan al 53,5% de la fuerza de trabajo, según el Instituto Brasileño de Estadística. Los trabajadores que a menudo son contratados como personas jurídicas para aliviar las cargas laborales de las empresas también se quedarán fuera de una contrapartida del Gobierno en el caso de que sus sueldos se encojan.

Es el caso de Lucas, que a principios de semana le comunicaron el recorte del 40% de su sueldo, de momento, durante abril y mayo, ya que la empresa de marketing en la que trabaja junto a otros 300 empleados sufrió una drástica caída de la demanda. “El lunes me informaron de que van a reducir los sueldos y la jornada de todos de la empresa, desde el presidente al conductor. Pero como soy persona jurídica, creo que por desgracia no entro en esas reglas de ayuda del Gobierno”, afirma. “Al principio me enfadé porque trabajo con muchos plazos, así que probablemente no voy a poder reducir las horas de mi jornada para lograr terminar lo que necesito, por lo que solo se recortará mi salario. Aun así, es mejor eso a que me despidan, todavía no han despedido a nadie allí”, dice.

Las empresas estatales y de la economía mixta no entran en el decreto provisional
La jornada y el sueldo del ingeniero Henrique se han visto reducidos pero tampoco percibirá ninguna compensación del Gobierno, porque accedió a Petrobras mediante oposiciones. Las empresas estatales y las de economía mixta, como Eletrobras y Petrobras, no podrán beneficiarse del decreto presidencial porque los regímenes jurídicos son diferentes, y las contrataciones se hacen por oposiciones. Según el secretario especial de Previsión Social y Trabajo, Bruno Bianco, el objetivo de la nueva ley es preservar los empleos de los trabajadores del sector privado.

“En el sector energético estamos viviendo una crisis por partida doble. Por un lado, tenemos una fuerte caída de la demanda a causa de la epidemia del coronavirus y, por otro, un excedente de petróleo debido a la guerra entre Arabia Saudí y Rusia”, explica Henrique, recordando que los precios del Brent se han desplomado. “La operación está cerca de no ser viable”, completa. A pesar de que la empresa ha reducido la jornada de ocho a seis horas diarias, considera que seguirá trabajando la misma cantidad de horas de siempre porque sus proyectos necesitan agilidad. “Ayer no cumplí las seis horas porque tengo muchos proyectos. Tenemos un equipo muy comprometido”, cuenta.

Henrique afirma que está molesto con la diferenciación que han hecho entre los recortes de los sueldos de los trabajadores del área administrativa ―a la que pertenece— y los que ocupan cargos con gratificaciones extras. A este último grupo, entre los que se encuentran gerentes, consultores, asesores y supervisores, se le aplazará el pago entre un 10 y un 30% de su remuneración mensual hasta septiembre. “Es tragicómico que precisamente los que tienen unas de las mejores retribuciones de la empresa no sufran recortes, tan solo un aplazamiento de parte de sus salarios”, afirma Henrique.

En un comunicado a EL PAÍS, Petrobras se justificó diciendo que los empleados administrativos trabajarán menos horas y que su remuneración será la misma por hora trabajada. “En cambio, es habitual que los gestores estén permanentemente a disposición de la compañía durante todo el día. A estos empleados no se les reducirá la jornada y, en momentos de crisis, se puede recurrir a ellos incluso fuera de los horarios”, aseguró la petrolera, explicando que la medida adoptada ha sido de reducción temporal de la retribución con postergación del pago.

Mientras los trabajadores legales se adaptan a una realidad que no se sabe cuánto durará, los trabajadores sin ningún tipo de registro y con bajo poder adquisitivo aún no saben con exactitud cuándo percibirán la ayuda de emergencia de 600 reales [112 dólares], también promulgada mediante un decreto. La principal duda es cómo tener acceso al dinero.

En uno de los cruces de la Av. Pedroso de Morais, en la zona oeste de São Paulo, el reciclador callejero Luiz Antonio decidió ponerse a pedir limosna en un semáforo, ya que no consigue vender el material que recoge por la ciudad. “Estoy pasando hambre. ¿Cuándo se va a acabar todo esto? He oído que el Gobierno va a dar unas ayudas, pero ¿cómo lo hago para conseguirlas?", dijo a este periódico.

El pasado viernes, el ministro de Ciudadanía, Onyx Lorenzoni, afirmó que los trabajadores informales elegibles “muy probablemente” percibirán el primer pago antes de la Pascua. Y que se empleará una aplicación móvil para identificar a los trabajadores informales que no están en ningún registro del Gobierno, pero que tienen derecho a la prestación. El alcance del subsidio dependerá, por lo tanto, del índice de participación de estas personas, una tarea que no será fácil para el Gobierno, dado que muchas de ellas no tienen ni teléfonos inteligentes ni internet.