¡Doble drama! Reportan combates en zona golpeada por terremoto
"En medio de la emergencia humanitaria generada por el sismo, con epicentro en San José del Palmar, se registran múltiples hechos violentos entre los municipios de Sipí y Nóvita que han afectado a la población civil".
La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este martes sobre combates entre grupos armados ilegales que se disputan el control de la región del San Juan, en el sur del departamento del Chocó (oeste), una de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.
"En medio de la emergencia humanitaria generada por el sismo, con epicentro en San José del Palmar, se registran múltiples hechos violentos entre los municipios de Sipí y Nóvita que han afectado a la población civil", manifestó la Defensoría en un comunicado.
Según la entidad, estos hechos están "relacionados con el accionar de los grupos armados ilegales", como el Clan del Golfo, la banda criminal más gran del país, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Para la Defensoría, las confrontaciones entre estos dos grupos ilegales "aumentan el riesgo y la vulnerabilidad de la población étnica agrupada en el Consejo Comunitario Acadesan y del pueblo indígena Emberá".
Desde el 10 de agosto, según datos de la entidad, se han registrado hechos que han restringido la movilidad y las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de comunidades de Sipí y Nóvita, en medio de los combates.
"La confrontación ha provocado el desplazamiento de cientos de familias y mantiene en confinamiento a otras comunidades", agregó.
Asimismo, el 23 de agosto, "un ataque con un dron cargado con explosivos dejó tres civiles heridos y provocó el desplazamiento de 90 familias, que se trasladaron hacia las poblaciones de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo", indicó la Defensoría.
La entidad hizo un llamado a los grupos armados para que "respeten estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción, precaución y protección de la población civil, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad, la movilidad y los bienes de las comunidades".
De igual manera, instó a las autoridades a que garanticen condiciones seguras para el desplazamiento de las personas, "activen de manera inmediata las rutas de atención humanitaria y mantengan un monitoreo permanente frente al riesgo de nuevos desplazamientos o confinamientos".
El sur del Chocó fue una de las regiones afectadas por el terremoto, una emergencia que agravó las condiciones sociales de una zona con altos niveles de pobreza, sin vías de acceso ni agua potable o energía, además de con una limitada infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria.