Manifestantes de Nicaragua lanzan protestas alternativas a marchas en las calles
Este viernes concluye un paro nacional de combustible, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas y tabaco, y el apagón diario está en vigor desde el martes.
La Unidad Nacional Azul y Blanco, que representa a diversos grupos manifestantes de Nicaragua, lanzó hoy una serie de protestas contra el presidente Daniel Ortega, como alternativa a las marchas en las calles, para evitar ser víctimas de agresiones.
La Unidad emitió alternativas pacíficas de protestas, con el objetivo de que los nicaragüenses expresen su descontento con el Gobierno sin necesidad de arriesgar su integridad física, según sus integrantes.
Una protesta consiste en que los días 18 de cada mes, las personas se vistan de blanco, y todos los 19 vayan de negro.
Adicionalmente la Unidad llamó a los nicaragüenses a reeditar la protesta del "pico rojo", que consiste en pintarse los labios de rojo, sin distingo de edad ni sexo, tal como ocurrió el martes pasado.
Invitó además a forzar todos los días un apagón nacional, entre las 19.00 y las 20.00 hora local (01.00 a 02.00 GMT), y una abstención indefinida de consumir combustibles en la estatal Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP).
Una última forma de manifestación recomendada por la Unidad consiste en que cada vez que alguien proteste en las calles, lo haga "cuidando la vida, libertad e integridad física".
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Las formas de protestas promovidas por la Unidad no son inéditas. Este viernes concluye un paro nacional de combustible, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas y tabaco, y el apagón diario está en vigor desde el martes, aunque no hay métodos para medir su efectividad de forma inmediata.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado a causa de unas fallidas reformas de seguridad social, que se convirtieron en el reclamo de su renuncia, debido a los cientos de muertos en las protestas.
Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales han contado entre 325 a 512 muertos, más de 25.000 exiliados, 459 "presos políticos", miles de heridos y cientos de desaparecidos desde el estallido social. El Gobierno acepta 199 muertos y más de 200 reos, que califica de "terroristas" y "golpistas".
Ortega niega todos los señalamientos que le hacen responsable como jefe supremo de la Policía Nacional, y considera que ha sido víctima de un intento de "golpe de Estado".