Parlamento de Venezuela designa a nuevo fiscal general y a defensora del pueblo
El proceso para designar a un nuevo fiscal y defensor se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran de estos cargos.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, designó este jueves a los abogados Larry Devoe como el nuevo fiscal general y a Eglée González como la nueva defensora del pueblo, luego de que los titulares de estas instituciones renunciaran en febrero pasado en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía.
En una transmisión de la AN, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, juramentó a Devoe, colaborador cercano del chavismo, y también a González, de quien subrayó previamente que "jamás ha militado en un partido político" y consideró esto como una "gran oportunidad".
Por su parte, el diputado Henri Falcón rechazó la designación de ambos funcionarios en nombre de su bancada opositora, Libertad, al considerar que no respaldará la designación de un fiscal ni de un defensor que no reúna las condiciones de "idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática".
"Sabemos que las instituciones han sido habilitadas como trincheras ideológicas de una parcialidad política en Venezuela", subrayó Falcón.
En marzo, un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la "ausencia de reglas claras y públicas" sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo.
En un comunicado, reclamaron entonces que el pasado 25 de febrero se conformara un Comité de Evaluación de Postulaciones del Parlamento integrado "únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de diversos sectores de la sociedad conforme lo requieren la Constitución y la ley".
El proceso para designar a un nuevo fiscal y defensor se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran de estos cargos.
Sus renuncias se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.