Retos para Centroamérica en materia hídrica
La contaminación de las fuentes hídricas y el acceso al agua son retos para Centroamérica, una región con elevados índices de pobreza donde el cambio climático hace estragos.
La contaminación de las fuentes hídricas y el acceso al agua son retos para Centroamérica, una región con elevados índices de pobreza donde el cambio climático hace estragos que se sienten especialmente en las áreas marcadas por una economía de subsistencia.
Hay estudios que indican que el acceso al patrimonio hídrico de los habitantes de Centroamérica se ha reducido entre un 50 % y un 76 % en al menos las últimas cinco décadas, como indica un informe publicado a finales de 2023 por la Asociación Centroamericana Centro Humboldt, que apunta al aumento de la población como un factor importante en este cálculo.
Pero la región también está afectada por la desaparición de ríos, el uso industrial del agua y la contaminación de las fuentes hídricas por varios factores.
Guatemala y El Salvador, con la mayoría de fuentes de aguas contaminadas
En Guatemala, el 90 % de las fuentes de agua se encuentra contaminada, según datos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Las autoridades aseguran que el 70 % del líquido es utilizado por las industrias, principalmente la agrícola, y que tan solo seis de cada diez hogares tienen acceso a saneamiento y agua potable.
El actual Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León presentó en el 2024 una propuesta para crear la primera Ley de Aguas en la historia del país, con la finalidad de garantizar el acceso al vital recurso y generar recursos para frenar la contaminación.
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Honduras y Nicaragua, golpeados por la sequía
En Honduras, uno de los países más vulnerables y afectados por el cambio climático, la carestía del agua también afecta a grandes centros poblacionales, como Tegucigalpa, la capital, con más de 1,5 millones de habitantes, muchos de los cuales viven en barrios marginales y comprarla en camiones cisternas a un alto costo, hasta cinco dólares por barril (197,6 litros).
En El Salvador, el 68 % del agua superficial está contaminada y aproximadamente 500.000 personas (de más de 6 millones de habitantes) no tienen agua potable. En las comunidades populosas y rurales las personas tienen que comprar barriles del líquido para subsistir o acarrearlo de ríos.
A pesar que El Salvador cuenta con una buena oferta hídrica (11 regiones hidrográficas), la falta de protección de cuencas, la mala distribución y la ausencia de una legislación ha producido que el país padezca estrés hídrico, lo que hace que la demanda sea más alta que el agua disponible.
Asimismo, la sequía afecta la seguridad alimentaria, además de aumentar la migración forzada, mientras que las tormentas tropicales y huracanes, principalmente entre septiembre y octubre, acaban con sembradíos e infraestructura cada año.
Este también es el caso de Nicaragua, donde hay zonas con elevado riesgo de sequía y otras muy propensas a inundaciones por causa de huracanes o fenómenos como La Niña.
Panamá, Costa Rica y Dominicana, acceso a agua, pero con problemas
Costa Rica cuenta con un amplio acceso al agua potable (92,4 % de la población), pero mantiene grandes retos en el tratamiento de aguas residuales, según indica el Informe Estado de la Nación 2024, elaborado por un equipo de investigadores del Consejo Nacional de Rectores de las universidades públicas.
La mayoría del agua utilizada en los hogares se devuelve sin tratar a los cuerpos de agua o va a tanques sépticos, con pocos controles y con implicaciones negativas para los suelos. La opción más extendida sigue siendo el tanque séptico en el 71,1% de los hogares.
El Censo 2023 en Panamá indicó que cerca del 95 % de las viviendas tiene acceso al agua potable, pero el problema está en las interrupciones del servicio. La realidad en las comarcas indígenas es otra, pues cerca del 60 % de sus habitantes carecen del servicio, de acuerdo a los datos oficiales.
No es extraño ver, sobre todo, en el interior del país, protestas de ciudadanos porque no le ha llegado el líquido en semanas o denuncias de botes de agua potable que perduran durante meses sin que sean reparados por las autoridades.
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